QUITO, Pichincha
El Contralor General del Estado, Mauricio Torres Maldonado, expuso ante el Pleno de la Asamblea Nacional el informe de labores de la Contraloría General del Estado correspondiente al año 2023.
Durante su informe señaló que en 2023 la Contraloría aprobó 1.163 informes generales de auditoría y 294 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP).
El sector que más irregularidades presentó es el de los gobiernos autónomos descentralizados. También se confirmaron responsabilidades por USD 293 millones.
Además, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, el año pasado la Contraloría emitió 7.346 resoluciones confirmatorias de responsabilidades administrativas y civiles, por 293 millones de dólares y recaudó para el Estado USD 9.8 millones.
Gestión control público
Durante su intervención, el Contralor General del Estado profundizó en tres ámbitos relevantes de la gestión del control público: las auditorías que se realizaron a declaraciones patrimoniales juradas, las acciones de control en los gobiernos autónomos descentralizados y los resultados de los exámenes al sector eléctrico.
Sobre las acciones de control al patrimonio de servidores públicos, en 2023 se aprobaron 46 informes generales y 14 informes con indicios de responsabilidad penal.
Los exámenes se efectuaron a altos mandos de las Fuerzas Armadas, servidores policiales, jueces, funcionarios del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía, personal del Servicio de Rentas Internas y de empresas públicas.
Los gobiernos locales conforman el tipo de administración con la mayor cantidad y diversidad de entidades catastradas, por lo que es el ámbito en el cual se han aprobado más auditorías.
Aprobación de informes
En 2023 se aprobaron 472 informes generales y 110 informes con indicios de responsabilidad penal, “más de la tercera parte del total de IRP aprobados por la Contraloría el año pasado”, precisó Mauricio Torres.
Respecto de la generación y distribución de energía eléctrica, el año pasado la Contraloría ejecutó 64 acciones de control a empresas públicas, entre las cuales están la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP).
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023 se aprobaron 53 informes generales.
En el mismo periodo se remitieron a la Fiscalía General del Estado 33 informes con indicios de responsabilidad penal.
Las presuntas actuaciones dolosas se identificaron en los exámenes especiales ejecutados en la CNEL, la CELEC, en la Empresa Eléctrica Quito y en la Empresa Eléctrica Regional Norte (EMELNORTE). (I)
