QUITO, Pichincha
El Gobierno Nacional firmó la tarde de hoy miércoles el Decreto Ejecutivo 730 que da cumplimiento a la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).
En el Decreto se autoriza las operaciones militares para enfrentar el terrorismo en todo el territorio nacional. En el artículo 1 se dispone a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial ejecuten operaciones militares en todo el territorio para hacer frente a las personas y organizaciones terroristas.
El pasado jueves 27 de abril el Cosepe convocó a la reunión al presidente Guillermo Lasso, al vicepresidente Alfredo Borrero, y las máximas autoridades de la Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional de la Judicatura, Comando Conjunto de las FF.AA., Policía Nacional, Función de Transparencia y Control Social.
También estuvieron citados los ministros del sector Seguridad, Gobierno, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Centro de Inteligencia Estratégica y Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
En este encuentro el Cosepe resolvió “declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana”.
Expedir decreto
También se instó al presidente Guillermo Lasso a expedir un decreto ejecutivo, donde se establezcan “las medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano”.
Esto se ha concretado en el Decreto Ejecutivo 730 donde se establecen y dan luz verde a estas acciones.
En los artículos siguientes, el Decreto 730 dispone que el Snai tome previsiones de seguridad para el personal militar y policial que como resultado de estas operaciones militares sean sometidos a procesos judiciales penales.
También se pide al Ministerio de Finanzas que asigne los recursos económicos necesarios para atender los requerimientos de las Fuerzas Armas y Policía Nacional que ejecuten acciones contra el terrorismo.
Finalmente, se exhorta a las diferentes funciones del Estado para que de manera coordinada apoyen la lucha contra el terrorismo. (I)
