QUITO, Pichincha
A Íñigo Salvador le queda menos de un mes al frente de la Procuraduría General del Estado (PGE), pero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no le alcanzaría el tiempo para designar a su sucesor. Eventualmente, podría ser prorrogado en sus funciones hasta que concluya el proceso.
En julio de 2018, el CPCCS Transitorio que estuvo a cargo del fallecido Julio César Trujillo, designó a Salvador para un periodo de cuatro años. Llegó como parte de una terna propuesta por el expresidente de la República, Lenín Moreno.
El 2 de abril de 2022, EL CPCCS, presidido por Hernán Ulloa, aprobó el reglamento para la designación de la nueva autoridad que presidirá esta entidad del Estado.
Solo en días laborables, una comisión integrada por cinco delegados de los consejeros del pleno del CPCCS deberán verificar los requisitos, prohibiciones e inhabilidades de la terna que será propuesta por el Ejecutivo con el acompañamiento de una veeduría ciudadana.
Según la normativa vigente, el Ejecutivo debe enviar la terna en un plazo máximo de cinco días, desde la solicitud efectuada por el Presidente del CPCCS.
La terna deberá ser integrada por candidatos idóneos, considerando los criterios de especialidad, experiencia, méritos y la inexistencia de prohibiciones e inhabilidades.
María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo Ciudadano, no descartó que, en la sesión del pleno de este miércoles 6 de julio de 2022 se oficialice el pedido al jefe de Estado para que remita la terna.
La funcionaria reconoció las demoras en el procedimiento de designación por las movilizaciones de la Conaie.
“Una vez que envíe la terna, empezaremos con el proceso y en un mes y medio estaría elegido el nuevo titular de la Procuraduría General”, afirmó Rivadeneira, quien espera que los tiempos para el nombramiento puedan acortarse.
Frente a la posibilidad de que Salvador pueda ser prorrogado en funciones, como ya ocurre con los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rivadeneira señaló que las autoridades están prorrogadas en sus cargos por las malas administraciones de las anteriores autoridades. (I)
