QUITO, Pichincha
La séptima Mesa de Lucha contra la Corrupción, presidida por el Consejo de la Judicatura (CJ), sesionó el pasado miércoles con la presencia de autoridades de los Ministerios de Gobierno y Defensa Nacional; el Subsecretario de la Administración Pública de la Presidencia de la República, delegados de la Policía Nacional, Unidad de Análisis Financiero (UAFE), Defensoría Pública y Servicio Nacional Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).
Ahí se analizó temas, los relacionados con las acciones para el combate a la minería ilegal y sobre garantías penitenciarias.
El director nacional de Transparencia del CJ, Ronald Verdesoto, detalló que dentro de las operaciones de minería ilegal existen ingentes cantidades de recursos económicos y este es un problema estructural, a nivel nacional.
Agregó que el financiamiento ilícito para estas operaciones proviene de organizaciones transnacionales. De estos actores ilegales se desprenden otros conexos que profundizan la crisis.
El delegado técnico de la UAFE, Iván Jácome se refirió a la información nacional de riesgos que levanta la entidad, a fin de analizar el movimiento de recursos de operadores de justicia y la coordinación con el CJ.
De su lado, el Subsecretario del Ministerio de Gobierno, Jhon Game se refirió a las posibles reformas al Código Integral Penal (COIP), de manera específica al delito tipificado en el Art. 261, que sanciona el financiamiento de la minería ilegal, para sancionar con mayor rigidez a los delitos conexos que se desprenden de esta.
Para el contralmirante Darwin Jarrín, viceministro de Defensa Nacional, el combate a la minería ilegal no solamente debe orientarse al ámbito punitivo, sino a la regularización de espacios geográficos, legalización de concesiones y procesos de extracción que cumplan con los estándares legales nacionales y ambientales.
Dijo que las empresas que operen en el campo minero deben cumplir con las normas vigentes.. “Si solo atacamos lo punitivo estamos siendo reactivos cuando deberíamos modificar ese accionar desde la prevención”, dijo.
Entre tanto, sobre el tema de garantías penitenciarias, acordaron la incorporación del SNAI a la Mesa de Lucha contra la Corrupción, a través de un convenio que se está preparando, según dio a conocer Ronald Verdesoto.
Este criterio fue recogido por la delegada del SNAI, Ana Coronel, quien además se refirió a las visitas periódicas y capacitación a las juezas y jueces de esta materia, sobre la aplicación del COIP.
Finalmente, el general Ramiro Ortega, director nacional de Investigaciones de la Policía Nacional, trató sobre la problemática que se presenta en el manejo de evidencias y centros de acopio de evidencias a nivel nacional. (I)
