SAN VICENTE, Manabí
El Consejo de la Judicatura (CJ) conjuntamente con 25 instituciones y organizaciones sociales instalaron la “Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos para la Niñez y Adolescencia”, en la parroquia Canoa, cantón San Vicente, provincia de Manabí, la que actuará con énfasis en los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Como resultado de la mesa, se suscribió un acta de compromiso entre la alcaldesa del cantón San Vicente, la Defensora Pública, el presidente de la Corte Provincial y delegados de la Fiscalía Provincial, Gobernación, Policía Nacional, miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, organizaciones de mujeres y niñez, entre otros.
Las autoridades que suscribieron el documento trabajarán para lograr una articulación efectiva entre el sistema judicial y los sistemas de prevención, atención y protección.
Vulneración a los derechos
El objetivo es abordar con mayor eficacia los casos de vulneraciones de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, en aplicación del principio de interés superior.
“Nuestra prioridad es: no más silencio ante delitos sexuales y de lesa humanidad que involucren a la niñez”, señaló el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, durante su intervención.
En lo inmediato, los jueces, fiscales, defensores públicos y demás servidores judiciales deberán aplicar las resoluciones emitidas por el CJ que contienen herramientas e instrumentos especializados para la protección integral de niños, niñas y adolescentes en todas las fases del proceso judicial.
De igual forma, aplicarán la “Política de Género”; el “Plan Maestro de Celeridad Procesal”; y, la “Directriz de Seguimiento del Principio de Celeridad Procesal en Casos de Violencia Basada en Género, Femicidios y Muertes Violentas de Mujeres, Violencia Sexual Contra Niños, Niñas y Adolescentes”, con lo cual se garantiza los derechos humanos de esos grupos de atención prioritaria.
Los miembros de las Juntas Cantonales de protección local, los tenientes políticos, fiscales, comisarios y jueces se comprometieron a utilizar el Módulo Virtual de Medidas de Protección, como medio eficaz para activar la protección para la niñez y adolescencia.
Estos compromisos los asumieron bajo el convencimiento de que el Ecuador, como Estado democrático, debe actuar para evitar la vulneración de los derechos de sus niños, niñas y adolescentes. (I)
