QUITO, Pichincha
La Comisión de Soberanía Alimentaria intercambió criterios acerca de la pesca industrial y artesanal, con los comisionados de la Unión Europea. Un punto que preocupó a los miembros de la mesa legislativa se refiere a la tarjeta amarilla que la Unión Europea sacó al Ecuador, y que se emite en una nación que tenga presencia de pesca ilegal.
Mariano Curicama, presidente de la comisión expuso que desde el período legislativo 2021, la Asamblea Nacional ha conocido nueve iniciativas relacionadas con el sector pesquero del Ecuador.
Acuacultura y pesca
Desde el 2021 se aprobó la Ley Reformatoria a la Ley para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca y la Ley de Incentivos a la Pesca Artesanal que están a la espera del pronunciamiento del Ejecutivo.
Resaltó que para construir estas normativas la mesa legislativa mantuvo una serie de reuniones con los diversos actores inmersos en esta temática y recorrió el perfil costanero para conocer las necesidades del sector pesquero.
El legislador Xavier Santos tras explicar que el problema de la tarjeta amarilla se debe a una ley obsoleta, informó que el recorrido por el país les permitió entender que existen dos situaciones pesqueras muy distintas, la industrial y la artesanal, para lo cual deben existir dos leyes por separado.
Lucía Placencia recordó que la alerta de la tarjeta amarilla se presentó en 2019, pero se están tomando acciones importantes para superar el problema, entre ellas contar con una Ley actualizada en materia de acuicultura y pesca y se espera un reglamento para efectivizar mediante la política pública que le corresponde al Ejecutivo.
El viceministro de Pesca, Andrés Arens informó a los eurolegisladores que el Ecuador está liderando el control pesquero de la región.
Mientras tanto, los comisionados europeos reconocieron los esfuerzos que realiza Ecuador en el tema pesquero, con una nueva legislación.
La vicepresidenta de la delegación de la Comunidad Andina para la Unión Europea, manifestó que la pesca es un sector estratégico y hay que defender la generación de empleo, la vinculación al territorio a las personas que se dedican a esta actividad.
«Hemos visto que han dado pasos importantes con la legislación, pero es necesario aplicarla para lograr una pesca sostenible a nivel internacional», argumentó.
El asambleísta Walter Gómez manifestó que la comisión está vigilante de las acciones que el Gobierno tome como políticas públicas para controlar la pesca ilegal, pues esa es la instancia a la que le corresponde aplicar las normativas. (I)
