QUITO, Pichincha
La Comisión de Soberanía Alimentaria, luego de un amplio análisis y debate, resolvió reconocer el derecho constitucional a la resistencia que tiene todo ciudadano ecuatoriano y reprochar con total firmeza la criminalización de la protesta social en todas sus formas.
También expresó su firme rechazo a todo acto de violencia, sin considerar de donde provenga y la solidaridad con los sectores agroproductivos, que están siendo afectados directamente con los acontecimientos suscitados con las movilizaciones en diferentes provincias del país.
También decidió exigir al Gobierno Nacional implemente políticas públicas, acciones y medidas urgentes para atender los pedidos que realizan las organizaciones sociales, indígenas y campesinas, para que se respeten los precios justos y de sustentación en los productos del campo: leche, arroz, banano, maíz, entre otros.
Asimismo, que implemente mecanismos y acciones para ejecutar el control en los precios de los productos de primera necesidad y evitar la especulación, como medidas urgentes para mejorar la calidad de vida de los campesinos que son los garantes de la soberanía alimentaria.
Demandó del Gobierno Central acepte el diálogo como único mecanismo para la solución de conflictos y atención a las justas demandas ciudadanas, convocar a la dirigencia de las organizaciones sociales, indígenas y campesinas del Ecuador, de la sociedad civil organizada y al presidente Guillermo Lasso Mendoza, establecer canales, medios y mecanismos expeditos para llegar a una mesa de diálogo sincera, positiva, propositiva y productiva entre las partes, que permita superar la difícil situación social y económica en la que nos encontramos. La comisión remitirá un pliego de preguntas al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al resto de entidades competentes, respecto a la situación actual, mismas que deberán ser respondidas por las autoridades nacionales en un máximo de 48 horas. (I)
