QUITO, Pichincha
El Tribunal de la Corte Nacional, conformado por los jueces Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Adrián Rojas, resolvió –por unanimidad– sentenciar a un año de pena privativa de libertad a Nívea V., como autora del delito de concusión, cometido entre los años 2009 y 2013, cuando fue asambleísta.
Durante los tres primeros días de audiencia de juzgamiento, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó el testimonio de ocho peritos y catorce testigos, y 125 pruebas documentales, que probaron la teoría del caso.
Entre los testimonios presentados, se escuchó a la perita contable que practicó una metapericia a los movimientos bancarios de la procesada y de los contribuyentes, determinando que los subalternos de Nívea V. transfirieron valores que van desde los 20 hasta los 1000 dólares de forma constante, durante el tiempo que trabajaron para la exlegisladora.
También se escucharon los testimonios de personas que trabajaron para Nívea V. en el movimiento político y en su despacho en la Asamblea Nacional, quienes confirmaron las gestiones que se llevaban a cabo con el dinero de las exigencias ilegales.
Además, se llamó a testificar a una mujer, a quien la procesada aseguró en el IEES como “patrono” de varias personas que no conocía, pero que trabajaron para Nívea V. La testigo mencionó que ignoraba el origen del dinero destinado a sueldos y aportes al IEES.
También presentaron su testimonio: peritos que analizaron los correos electrónicos del acusador particular de este caso y de una de las versionantes, cotejaron la voz de la procesada con los audios que reposan en cadena de custodia y efectuaron el reconocimiento del lugar en el que habrían ocurrido estos actos ilícitos, al interior de la Asamblea Nacional, entre otros.
Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, Nívea V., aprovechando su condición de asambleísta por la provincia de Loja, exigió a sus subalternos el pago de contribuciones económicas por un valor de 40.440 dólares, entre 2009 y 2013.
El Tribunal detallará los montos referentes a multa y reparación integral en la sentencia escrita.
En su decisión, los magistrados solicitaron a Fiscalía que investigue el accionar del acusador particular, Vicente O., exasesor de Nívea V. y denunciante de los hechos. (I)
