QUITO, Pichincha
Durante su intervención ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, el investigador Hugo Navarrete, director del Centro de Estudios Aplicados de Química de la Universidad Católica del Ecuador, solicitó que el proyecto unificado de Ley para la Conservación y Protección de Páramos reconozca a las comunidades altoandinas como actores fundamentales en el manejo de estos ecosistemas.
Navarrete criticó que el texto legal se base en una visión excluyente, donde los seres humanos son vistos como una amenaza para el ecosistema. “La propuesta ignora las necesidades reales de quienes viven en estas zonas, y que muchas veces practican la agricultura y ganadería extensiva por pura subsistencia, no por lucro”, señaló.
Pide enfoque integral y no sancionador
El investigador propuso que la ley incorpore un enfoque integral de gestión de los páramos, que combine protección ambiental, uso sostenible de los recursos y desarrollo humano. Además, advirtió que aplicar un modelo puramente sancionador, sin alternativas viables para las comunidades, agravará la pobreza estructural que enfrentan miles de familias que habitan en zonas de influencia del ecosistema de páramo.
“Prohibir sin ofrecer soluciones es contraproducente. El ecosistema no se puede proteger si se desatiende a quienes lo habitan y dependen de él para sobrevivir”, afirmó Navarrete, al rechazar la idea de conservar los páramos bajo el principio de “no intervención”.
Señala vacíos del proyecto legislativo
Durante su exposición, el experto resaltó varios elementos que deberían incorporarse en el articulado:
- Planes de manejo ambiental con participación comunitaria
- Sustitución progresiva de actividades agropecuarias nocivas, acompañadas de asistencia técnica
- Regulación y control de la minería ilegal
- Sostenibilidad financiera de las acciones de conservación
- Promoción de la investigación científica en el ecosistema de páramo
- Creación de programas informativos para sensibilizar sobre el uso racional de recursos
Navarrete también advirtió sobre la necesidad de definir los límites de la frontera agrícola y de garantizar el acceso equitativo al agua proveniente de estos ecosistemas, esenciales para millones de personas en el país.
Esta comparecencia formó parte de la fase de socialización del proyecto de ley, que continuará desarrollándose durante agosto y septiembre. La Comisión prevé presentar su informe para primer debate en octubre, en cumplimiento del cronograma legislativo. (I)
