QUITO, Pichincha
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanza en el análisis de reformas a la Ley de Inquilinato con el propósito de actualizar una normativa que aún conserva referencias a la desaparecida moneda sucre y fortalecer la seguridad jurídica en las relaciones de arrendamiento.
La presidenta de la mesa legislativa, Rosa Torres, subrayó que la modernización del marco normativo constituye una prioridad y afirmó que la Ley de Inquilinato requiere ajustes acordes al actual contexto económico y constitucional.
Durante la sesión, la comisión recibió a la catedrática de Derecho Civil Cristina Guevara, quien recordó que la Constitución garantiza el derecho a la vivienda digna, el acceso a espacios urbanos, la propiedad privada con función social y el principio de seguridad jurídica. En ese marco, sostuvo que cualquier reforma debe preservar el equilibrio entre arrendadores y arrendatarios sin vulnerar derechos fundamentales.
Régimen de arrendamiento urbano
Guevara planteó revisar de manera integral el régimen de arrendamiento urbano y propuso fortalecer mecanismos que promuevan estabilidad contractual, transparencia en los cánones y protección efectiva tanto para propietarios como para inquilinos. A su criterio, la normativa debe evitar distorsiones que desalienten la inversión inmobiliaria.
En la misma línea, el abogado corporativo y especialista en inquilinato Adrián Calderón destacó que la ley busca un equilibrio social sustentado en principios constitucionales. Señaló la necesidad de delimitar con precisión la competencia municipal en la fijación del canon de arrendamiento, las tasas administrativas y la regulación de garantías y excepciones.
Respecto a la posibilidad de un derogatorio total, Calderón advirtió que si se mantiene el núcleo normativo no resulta necesario reemplazar por completo la ley vigente. Explicó que una derogación integral implicaría modificar el modelo conceptual de las relaciones de inquilinato, lo que generaría incertidumbre en el mercado. Por ello, recomendó sustituir artículos específicos para preservar la estabilidad jurídica y las expectativas del sector inmobiliario.
La comisión continuará receptando criterios técnicos antes de elaborar un informe que consolide las reformas y defina el alcance de los cambios en una ley que regula uno de los principales vínculos contractuales en el ámbito urbano. (I)
