QUITO, Pichincha
Nueve meses después de que un juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván León, dio paso al pedido de reabrir la investigación previa por el delito de peculado relacionado con la adquisición de helicópteros Dhruv en el 2008, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional fije día y hora para formular cargos contra un número aún no informado de sospechosos.
Al final de una audiencia de cerca de 30 minutos, realizada el 23 de diciembre de 2020, y en la que la Fiscalía solicitó se reabra esta investigación previa, el entonces juez León encontró adecuada la motivación presentada por la fiscal y aceptó el pedido para seguir investigando por el delito de peculado tipificado en el artículo 257 del Código Penal.
En la etapa previa de investigación Fiscalía apuntaba al exministro de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce, y 18 personas más que aparentemente participaron en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv.
El juez León especificó en su resolución que los plazos de investigación corrían desde el día en que se emitió la decisión, es decir, el 23 de diciembre de 2020.
Salazar en su intervención explicó que el 14 de abril de 2016, el fiscal general de ese momento, Galo Chiriboga, solicitó a la presidencia de la CNJ el archivo de la denuncia, asegurando que a esa fecha no existían elementos para iniciar una imputación penal y que además era necesario el informe de Contraloría General del Estado (CGE).
El informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría (CGE), el cual era un requisito de procedibilidad al 2016, fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en julio de 2019.
Para la fiscal Diana Salazar, entre los hechos que motivaban la solicitud de reabrir la causa está el que en la investigación por el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela se ha determinado que tiene relación con la causa que analiza posibles irregularidades en la adquisición de los siete helicópteros Dhruv.
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La fiscal Salazar aseguró en la diligencia que pide se reabra la investigación a fin de evitar la impunidad y buscando la verdad procesal e histórica. (I)
