QUITO, Pichincha
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, alertó el lunes 23 de junio de 2025 sobre la ausencia de garantías suficientes para jueces y fiscales que enfrentan al crimen organizado en Ecuador. La Comisión de Fiscalización y Control Político abordó la investigación sobre presuntas irregularidades en el trabajo de operadores de justicia en el contexto del conflicto armado interno.
Toainga explicó que la actuación de los fiscales en casos de flagrancia depende directamente de los informes de aprehensión y novedades elaborados por la Policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no todos estos documentos cumplen con la fundamentación necesaria para formular cargos, ni encajan en los delitos señalados.
Por esta razón, los fiscales solicitan medidas cautelares personales o reales solo cuando la evidencia lo permite, pues no todos los casos ameritan prisión preventiva. En varias ocasiones, los jueces aplican medidas como prohibición de salida del país o presentación periódica ante la autoridad judicial, conforme a normativas nacionales e internacionales.
El fiscal subrayó que el problema trasciende las decisiones judiciales, pues tanto fiscales como jueces carecen de garantías adecuadas para ejercer sus funciones, especialmente en la lucha contra la delincuencia organizada, donde el riesgo es mayor.
Toainga recordó que la legislación internacional contempla normas excepcionales para proteger a los operadores en casos de crimen organizado, un fenómeno regional y global desde los años noventa. Por ello, solicitó que Ecuador implemente medidas similares para garantizar la seguridad de los operadores judiciales.
El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, agradeció los aportes del fiscal y convocó a los asambleístas a remitir sus inquietudes para solicitar información oficial a la Fiscalía General. Estos datos serán analizados para la elaboración del informe correspondiente en esta investigación. (I)
