QUITO, Pichincha
La Fiscalía General del Estado respondió el miércoles 20 de agosto a la denuncia pública de Patricia Ochoa, viuda del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, asesinado en 2010. Ochoa había asegurado que la institución archivó la investigación por ejecución extrajudicial debido a la falta de nuevas pruebas.
La denuncia de Patricia Ochoa
En un comunicado difundido el 19 de agosto, Ochoa reveló que fiscales justificaron el archivo porque no existían elementos adicionales que permitieran continuar el proceso. Además, presentó un documento de 2009 titulado “Plan de trabajo para la vigilancia de actividades del general Jorge Gabela”, lo que, según ella, evidenciaría irregularidades en el seguimiento al militar antes de su asesinato.
Ochoa también cuestionó allanamientos realizados en instalaciones de la FAE, donde se encontraron cámaras y grabadoras que no fueron incautadas porque la orden fiscal se limitaba a discos duros. Criticó la actuación de policías, fiscales y la valoración de testimonios y detenciones, al considerar que las pruebas recabadas fueron minimizadas.
La advertencia de la Fiscalía
En respuesta, la Fiscalía informó que mantuvo una reunión reservada con Ochoa, pero le advirtió que la información vinculada al caso está protegida por la ley. Citó los artículos 584 y 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establecen reserva de investigación y sancionan con hasta tres años de prisión la difusión de información clasificada.
“Las actuaciones de la Fiscalía y de otras instituciones que intervienen en la investigación previa se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima”, indicó el comunicado. La institución agregó que los tres procesos abiertos siguen activos y que continuará las diligencias “hasta agotar todas las líneas de investigación”.
Quince años sin respuestas
El asesinato de Gabela ocurrió en diciembre de 2010 y la justicia inicialmente lo trató como un crimen común, condenando a cinco personas. Sin embargo, informes posteriores, entre ellos el de una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional en 2018, concluyeron que existían indicios de un “crimen de Estado”.
El caso está directamente relacionado con las denuncias que Gabela hizo en 2008 sobre la compra irregular de siete helicópteros Dhruv a la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por más de 42 millones de dólares. Cuatro de las aeronaves se accidentaron y las tres restantes quedaron inservibles, lo que generó un escándalo durante el gobierno de Rafael Correa.
Investigación estancada
La Fiscalía trasladó el expediente en 2019 y 2020 a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, investigándolo como desaparición forzada, un delito imprescriptible. La Corte Constitucional reconoció la vulneración al derecho a la verdad de la familia Gabela y ordenó nuevos peritajes, entre ellos los del perito argentino Roberto Meza, quien descartó que el crimen fuera un hecho aislado.
A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió información al Estado ecuatoriano por posibles violaciones a derechos humanos. Pese a ello, el proceso sigue estancado, alimentando la indignación de la familia Gabela, que exige justicia tras 15 años de impunidad. (I)
