QUITO, Pichincha
La Fiscalía mantiene abierta la investigación del caso Triple A, centrado en presuntos delitos relacionados con la comercialización ilegal de productos derivados de hidrocarburos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, figura en el proceso, aunque su defensa ha solicitado el archivo de la causa.
El caso se originó tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables sobre irregularidades en la distribución de combustibles subsidiados. La Fiscalía ha detectado diferencias entre los volúmenes despachados y facturados por varias estaciones de servicio, especialmente en zonas fronterizas y mineras, lo que sugiere un desvío de diésel hacia mercados no autorizados, afectando al Estado ecuatoriano económicamente.
Desde su inicio en julio de 2024, el caso ha estado marcado por audiencias fallidas y controversias legales. En diciembre de 2024, se formularon cargos contra varias personas y empresas involucradas, pero la defensa de los procesados, incluido Álvarez, ha solicitado el cierre del caso, argumentando que se ha excedido el plazo de instrucción fiscal de 90 días.
Un nuevo giro ocurrió en marzo de 2025 cuando el juez asignado al caso, Jairo García, se excusó debido a un posible conflicto de intereses. Esto llevó a un cambio de juez, lo que retrasó aún más las audiencias previstas. La defensa de Álvarez sostiene que la vinculación al caso es ilegal, ya que ocurrió después del plazo establecido.
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, comentó que la estrategia legal de la defensa busca bloquear el avance de la investigación, mientras que el alcalde respondió con una denuncia contra el funcionario. A medida que el caso avanza, las controversias sobre el proceso legal continúan, afectando la percepción pública sobre la transparencia y la legalidad de las actuaciones. (I)
