QUITO, Pichincha
Mediante el oficio N. 17U05202400186, la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado convocó para este jueves 14 de noviembre a las 10:30 a la audiencia de formulación de cargos en el denominado caso “Triple A”.
La Fiscalía llamó a comparecer 21 personas, entre ellos a Aquiles A., sus hermanos y representantes de compañías que son investigadas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, comercialización y distribución ilegal de combustible.
Delito
Este delito está tipificado en el art. 264 del Código Integral Penal que señala que: “La persona que sin la debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa expedida por la Autoridad competente, será sancionada con pena privativa de la libertad de la siguiente manera:
- Mínima escala, de dos a seis meses.
- Mediana escala, de seis meses a un año.
- Alta Escala, de uno a tres años.
- Gran Escala, de tres a cinco años”
En esta investigación se encuentra involucrada la empresa Codepesa, de la que Aquiles A. y sus familiares constan como accionistas, según información que consta en la página web de la Superintendencia de Compañías.
Antecedentes del caso
El caso se originó tras una denuncia interpuesta por el Director de Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH) por una presunta distribución ilegal de combustibles que involucra a la compañía Codepesa.
Según la tesis de la Fiscalía, existiría un perjuicio al Estado equivalente a USD 94 millones debido a compras irregulares de combustible. Las autoridades llevaron a cabo varios allanamientos en Guayaquil y Milagro como parte de esta indagación.
Aquiles A., ha negado las acusaciones en su contra; sin embargo, el Gobierno asegura tener pruebas en su contra del supuesto cometimiento del ilícito, por lo que la justicia determinará a los responsables en este caso. (I)
