GUAYAQUIL, Guayas
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó el archivo del caso por presunto peculado contra el expresidente Guillermo Lasso, en el marco de la investigación relacionada con la empresa pública Flopec. La petición también involucra a su cuñado Danilo Carrera, al exfuncionario Hernán Luque y a otros actores cercanos al círculo presidencial.
La jueza Daniella Camacho, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, recibió la solicitud el 21 de abril de 2025 y otorgó un plazo de tres días para que las partes procesales se pronuncien. Entre ellas figura la exasambleísta Mireya Pazmiño, denunciante del caso durante su gestión legislativa, quien ya anunció su oposición al archivo.
El abogado de Pazmiño, Washington Andrade, cuestionó la rapidez del trámite judicial. “La jueza despachó el pedido el mismo día. Nos preocupa que este ritmo inusual responda a un intento por favorecer al expresidente y a los otros investigados”, advirtió.
Origen del caso Flopec
La causa judicial nació del proceso de juicio político contra Lasso en 2023. La Corte Constitucional únicamente admitió la acusación por peculado, basada en contratos firmados entre Flopec y el consorcio internacional Amazonas Tanker Pool. Según un informe de la Contraloría General del Estado, emitido en noviembre de 2021, estos contratos provocaron pérdidas de al menos USD 6,1 millones al erario nacional. El perjuicio surgió del arrendamiento de buques a tarifas superiores a los ingresos generados.
El adendo que incluyó a Amazonas Tanker, empresa registrada en las Islas Marshall, se firmó en 2020, un año antes de que Lasso asumiera la presidencia. A pesar de eso, la Asamblea Nacional argumentó que el mandatario tuvo conocimiento de las irregularidades y no tomó correctivos.
El entonces gerente de Flopec, vicealmirante Jhonny Estupiñán, intentó terminar el contrato, pero fue destituido y reemplazado por personas cercanas a Hernán Luque, exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), designado por el propio Lasso.
El 16 de mayo de 2023, el exmandatario acudió a la Asamblea Nacional para defenderse durante el juicio político. Luego, disolvió el Legislativo mediante el Decreto Ejecutivo 741, activando la «muerte cruzada» y convocando a elecciones anticipadas.
Postura de la defensa
Guillermo Lasso siempre negó su vinculación con los contratos observados. En cadena nacional, en marzo de 2023, afirmó que esos convenios se suscribieron antes de su gestión y no existía denuncia formal en Fiscalía hasta ese entonces.
La Fiscalía sostiene ahora que no halló elementos suficientes para configurar el delito de peculado. La jueza Camacho deberá decidir si acoge este criterio y archiva el caso o si ordena continuar con el proceso penal. (I)
