QUITO, Pichincha
La venta de municiones de dotación policial habría estado en manos de una organización criminal, presuntamente conformada por cinco policías en servicio activo, uno en servicio pasivo y dos civiles.
Por este caso, la Fiscalía General del Estado procesa a ocho personas y les formuló cargos por delincuencia organizada.
En la audiencia, desarrollada durante la madrugada de hoy, el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó los elementos de convicción recabados durante la fase de investigación previa, iniciada el 13 de enero de 2025.
Estos incluyen informes de seguimientos y vigilancias, de interceptaciones telefónicas y de relacionamiento telefónico. Todas las diligencias fueron autorizadas por un Juez competente.
Vendían armas
Según la investigación, el cabo Francisco P., encargado del Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía Nacional, habría sustraído municiones para fusiles calibre 5.56 mm y proyectiles 9 mm para pistolas.
Para que estas municiones de dotación llegaran a su destino, servidores policiales habrían actuado como nexos entre las organizaciones criminales y quienes hacían las entregas, usando un taxista –también procesado– y enviando encomiendas a través de empresas de transporte interprovincial hacia Guayas.
Con base en estos antecedentes, la Jueza de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado acogió parcialmente el pedido de Fiscalía y dictó la prisión preventiva para siete procesados.
Para una de las implicadas, se ordenaron medidas alternativas: prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, debido a que, a su pareja sentimental, también procesado, recibió prisión preventiva.
La Jueza consideró que esta medida responde a la necesidad del cuidado de sus hijos menores de edad.
La FGE la denominó Depuración Azul y se detuvo a 10 personas: policías y civiles durante 14 allanamientos en Pichincha, Guayas, Cotopaxi e Imbabura. Fue el 3 de julio.
Las investigaciones
De acuerdo con las investigaciones, el armamento habría tenido como destino a dos grupos de delincuencia organizada (GDO) asentados en el Puerto Principal: la Mafia 18 y los Freddy Krueger. Estas bandas habrían adquirido pistolas por mil dólares y paquetes de 50 municiones por aproximadamente 500 dólares.
Cabe recordar que por una denuncia ingresada a la Dirección Nacional de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre un delito de cohecho en la Policía Nacional dio pie a una investigación dentro de las filas policiales que permitió desmantelar una presunta red de venta de armas.
Según los escritos, los uniformados coordinaban el traslado de armamento, como fusiles, de Quito a Guayaquil. Para llegar a la capital, los policías decían, que lo harían en patrulleros de la institución.
Incluso esto se hacía en complicidad de altos mandos como un coronel de la Policía, aunque en dichos diálogos no se especificaba de qué dependencia formaba parte.
Según Joffre García, director nacional de Asuntos Internos de la Policía Nacional, la investigación duró cinco meses. En ese lapso se determinaron los roles, financiamiento y funciones de servidores policiales pertenecientes a la Dirección Nacional de Logística (DNL), encargados de los rastrillos, es decir, las bodegas donde se guardan armas. (I)
