PEDRO CARBO, Guayas
Fiscalía procesa a tres policías en servicio activo por el supuesto delito de concusión, según un comunicado de la institución.
La Policía Judicial los aprehendió en un operativo tras recibir una denuncia sobre una supuesta extorsión a la dueña de un motel en Pedro Carbo.
Según la investigación, los agentes habrían solicitado 1.000 dólares a cambio de no detener al administrador del establecimiento.
Durante la audiencia de flagrancia, el fiscal a cargo expuso elementos de convicción que vincularían a los procesados con el hecho. Entre las pruebas presentadas constan informes investigativos, partes de aprehensión, dinero en efectivo y un arma de fuego ingresados en cadena de custodia, así como videos que registrarían la supuesta extorsión.
La jueza de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Kevin Steeven R. Z., Steven Andrés P. Ch. y William Roberto I. I.
Denuncia y operativo de captura
La investigación se inició tras la denuncia de la propietaria del motel, quien afirmó que tres agentes de la Policía Judicial ingresaron al establecimiento bajo el argumento de un allanamiento. Según su testimonio, los uniformados alegaron haber encontrado un arma de fuego y acusaron al administrador de estar en posesión de ella.
El administrador se comunicó con la dueña del motel, quien envió a un allegado para dialogar con los agentes.
En ese momento, los policías presuntamente exigieron 1 000 dólares para no proceder con la detención. Al recibir una oferta de solo 600 dólares, los agentes habrían amenazado con que la Fiscalía clausuraría el local si no se realizaba el pago completo. Las cámaras de seguridad registraron la interacción.
Marco legal y medidas judiciales
Tras recibir la denuncia, la Fiscalía organizó un operativo de flagrancia en el que logró la captura de los agentes dentro de las instalaciones de la Policía Judicial.
En su poder se encontraron dinero en efectivo, un arma de fuego presuntamente hallada en el motel, armas de dotación, indumentaria policial y varios teléfonos celulares.
El caso se procesa bajo el artículo 281, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma sanciona el delito de concusión con penas de tres a cinco años de prisión.
La investigación continuará para determinar la responsabilidad de los procesados y esclarecer el hecho. (I)
