QUITO, Pichincha
Fiscalización acoge suspensión de juicios políticos contra la Fiscal General, Diana Salazar. Hoy avocó conocimiento de la resolución por la cual el Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió la sustanciación y tramitación de las solicitudes de juicio presentados en contra de Diana Salazar, fiscal general del Estado.
La resolución del CAL se sostiene en los documentos validados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que certifica el embarazo con alto riesgo, para precautelar su salud integral y el interés superior del niño de acuerdo a la Constitución y los artículos 12 y 29 de la Ley del Derecho al Cuidado Humano.
Pamela Aguirre, presidenta de la comisión, dispuso que por Secretaría se elabore un expediente completo con la solicitud de juicio político y los documentos remitidos por el CAL, respecto de la suspensión del proceso, a fin de que se cuente con los insumos necesarios para que, una vez superados los motivos del aplazamiento, se pueda reactivar la tramitación de esta interpelación.
Juicio contra Wilman Terán
De otro lado, por unanimidad de sus nueve integrantes, la mesa calificó la solicitud de juicio político en contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura; y de los exvocales Xavier Muñoz y Maribel Barreno, propuesta por el legislador Jorge Peñafiel, por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la ley.
En tal virtud, la secretaría procederá a notificar a los exfuncionarios cuestionados sobre el inicio del juicio político, acompañando la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de quince días presenten la contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que consideren pertinentes. También notificará a los asambleístas solicitantes para que, en igual plazo, presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
Previamente, el organismo legislativo verificó que la solicitud cumple con el número mínimo de firmas (38) de respaldo, así como con el anuncio de las pruebas y demás requisitos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El asambleísta Peñafiel responsabiliza a los exfuncionarios por la vulneración del sistema de votación e irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del juez Sammo Macías; la extensión arbitraria de los períodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, sin concurso previo; y, por las irregularidades en el concurso de oposición y méritos para la selección de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. (I)
