QUITO, Pichincha
La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió a varios funcionarios públicos que presentaron aportaciones técnicas al proyecto de reformas del Código de la Niñez y Adolescencia, impulsado por el legislador Raúl Chávez, con el objetivo de fortalecer la protección integral de la infancia y juventud en el país.
El agente fiscal de Pichincha, Rafael Quishpe, destacó la urgencia de consolidar un marco legislativo que prevenga conductas violentas en adolescentes, señalando que los medios de comunicación han influido en la violencia juvenil en la última década. Subrayó que sancionar a un adolescente infractor cuesta al Estado más de USD 17.000, mientras que invertir en prevención y salud mental en escuelas tendría un impacto transformador, reduciendo infracciones, desapariciones y muertes.
Zadkiel Cárdenas, secretario de Educación de Quito, enfatizó que los problemas educativos y de salud mental requieren respuestas integrales que trasciendan las aulas. Presentó los ejes del “Plan Escuelas Saludables”, implementado en 2023: nutrición, salud mental, prevención de adicciones, educación sexual y salud oral. Este plan logró tamizaje nutricional en el 98% de estudiantes y eliminó la deserción escolar por embarazo adolescente en el último año.
Por su parte, Katherine Chérrez, del Hospital San Lázaro, destacó que la salud mental debe abordarse de manera integral, incluyendo determinantes biológicos, sociales y culturales. La Red de Salud Mental de Quito cuenta con 25 psiquiatras, 30 neuropsicólogos, 13 psicólogos infantiles, 57 trabajadoras sociales y 15 terapistas ocupacionales.
Estos ejes de trabajo se enfocan en promoción, prevención y fortalecimiento de servicios, con especial atención a la micro red de conducta suicida, principal causa de mortalidad en jóvenes de 15 a 29 años. (I)
