QUITO, Pichincha
La empresa de capital japonés Furukawa Plantaciones C.A., condenada en Ecuador por esclavitud moderna, solicitó a la Corte Constitucional que le permita vender 17 haciendas. Con esta medida, asegura que podrá cancelar las indemnizaciones dispuestas en favor de 342 extrabajadores considerados víctimas de un sistema de servidumbre.
La Corte Constitucional determinó que Furukawa fue responsable durante más de cinco décadas de un régimen de servidumbre de la gleba, sometiendo a trabajadores en situación de vulnerabilidad a condiciones inhumanas. La empresa, dedicada al cultivo del abacá (Musa textilis), fue sentenciada a pagar más de USD 41 millones en compensaciones.
Los afectados denunciaron que generaciones enteras vivieron en campamentos precarios dentro de las haciendas de la compañía, sin opciones para cambiar su condición laboral. La sentencia estableció que Furukawa se benefició de esta situación y vulneró los derechos fundamentales de sus trabajadores.
Ofrecimiento condicionado a la venta de propiedades
Inicialmente, la compañía rechazó la resolución judicial, argumentando que el pago era inviable. Sin embargo, este miércoles 5 de marzo de 2025, a través de un comunicado, afirmó que podrá cumplir con las compensaciones si se le permite enajenar sus bienes.
«Esta medida es esencial para proceder a la venta de activos y generar los recursos necesarios para cumplir con el primer pago estipulado en la sentencia. Sin esta autorización, la empresa no podría garantizar el cumplimiento de la obligación», señaló Furukawa en su pronunciamiento.
La compañía aseguró que ha iniciado acciones para materializar la sentencia y ha mantenido diálogos con la Defensoría del Pueblo para verificar las cuentas bancarias de los beneficiarios. También ha consultado si algunos afectados estarían dispuestos a recibir tierras como parte del resarcimiento.
Adicionalmente, la empresa ha solicitado información sobre la situación de las 294 hectáreas ocupadas desde 2019, donde presuntamente residen algunos extrabajadores. Furukawa espera la respuesta oficial de la Defensoría para proceder conforme a la normativa vigente.
Empresa asegura estar renovada
Guido Páez, gerente de la compañía, afirmó que el objetivo es cumplir con la sentencia sin afectar la producción ni los empleos en la industria del abacá. «Desde 2019, Furukawa es una empresa renovada, comprometida con la legalidad y el bienestar de sus trabajadores», enfatizó.
Según la empresa, actualmente cuenta con 92 empleados bajo condiciones laborales dignas y ha implementado estándares de sostenibilidad ambiental, responsabilidad económica y compromiso social.
Rechazo de las víctimas
Pese a los anuncios de la compañía, los afectados han criticado su postura. En enero, denunciaron que el acto de disculpas públicas realizado por Furukawa fue «una burla» y un atentado contra sus derechos. Según los trabajadores, la empresa organizó el evento sin previa notificación y con la presencia de la Policía, excluyendo a la mayoría de las víctimas reconocidas en la sentencia.
Ahora, la Corte Constitucional tiene en sus manos la decisión sobre la venta de las haciendas. Sin embargo, queda la interrogante: ¿se garantizará realmente una reparación integral a las víctimas o la empresa busca dilatar el proceso para evitar un resarcimiento completo? (I)
