QUITO, Pichincha
La elaboración del presupuesto para 2023 y una mejor legislación contra el lavado de dinero están entre las tareas para acceder a $700 millones.
Luego del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el segundo mayor financista del presupuesto público es el Fondo Monetario Internacional (FMI). A la fecha, el saldo de la deuda con ese multilateral está en alrededor de $7.500 millones.
Los préstamos de organismos internacionales son los más baratos que se pueden conseguir en las actuales circunstancias. El promedio de la tasa de interés es menor al 4% y los plazos de pago llegan por lo menos a 17 años.
Por eso, ante la subida constante de las tasas de interés a escala mundial, la mejor opción del Gobierno de Guillermo Lasso es mantener el acuerdo con el FMI, y cumplir con los compromisos pendientes hasta diciembre de 2022.
Así se asegurará el último desembolso por $700 millones dentro del acuerdo de financiamiento vigente. Además, se mantiene la puerta abierta para posibles líneas de crédito en los próximos años.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, durante su última rueda de prensa en Guayaquil, recordó que desde hace más de veinte años no se ha logrado culminar con éxito un acuerdo con el FMI. Esto ha abonado al perfil de país incumplido y riesgoso que tiene Ecuador.
Para culminar con éxito el acuerdo con el FMI, y poder recibir los $700 millones restantes hasta finales de este año, Arosemena tiene varios retos. Por ejemplo, hasta octubre debe presentar el presupuesto estatal para 2023 ante la Asamblea Nacional.
En ese cálculo se deben ver reflejados los compromisos de optimización de gasto, sobre todo en nómina y temas administrativos.
Arosemena no ha dado todavía mayores detalles sobre el presupuesto, pero puntualizó que se trabajará con prudencia, debido a que “los recursos son escasos y el precio del petróleo es muy volátil”.
El Gobierno de Lasso también tendrá que cumplir con la emisión de una ley más robusta contra el lavado de dinero; más transparencia en los balances de Petroecuador y la banca pública; aumento de la cobertura de los programas sociales; auditorías y mejores procesos en la contratación pública; y más transparencia en los miles de millones de atrasos y obligaciones pendientes que se arrastran desde hace años con instituciones públicas como el IESS y proveedores privados; entre otros que suman en total 11 compromisos. (I)
