QUITO, Pichincha
El Gobierno ecuatoriano estudia una posible reestructuración del subsidio eléctrico conocido como “tarifa dignidad”, con el respaldo técnico del Banco Mundial, para asegurar que el beneficio llegue únicamente a quienes realmente lo necesitan.
Rommel Aguilar, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (Arconel), informó sobre este análisis durante su intervención en el foro Power & Renewable Energies Ecuador 2025, realizado en Quito y organizado por Seminarium.
Aguilar sostuvo que el actual esquema de subsidios eléctricos presenta distorsiones, ya que se basa en el nivel de consumo mensual y no en la condición socioeconómica del usuario. “Tenemos alrededor de 1,8 millones de beneficiarios de la tarifa dignidad, pero es probable que muchos no califiquen en términos de vulnerabilidad. Incluso empresarios con bajo consumo podrían estar accediendo a este beneficio sin requerirlo”, afirmó.
¿En qué consiste la tarifa dignidad?
La tarifa dignidad es un subsidio estatal que otorga una tarifa reducida de electricidad a consumidores residenciales con bajo consumo mensual. En la región Costa, se aplica a quienes consumen hasta 130 kilovatios hora (kWh) al mes; en la Sierra, hasta 110 kWh. Mientras el precio promedio por kWh en Ecuador ronda los USD 0,10, los beneficiarios de la tarifa dignidad pagan apenas USD 0,04.
El objetivo del programa, creado para fomentar el uso eficiente de la energía, ha sido clave para aliviar el gasto de hogares de bajos ingresos. No obstante, el Gobierno considera que el modelo actual debe ajustarse para evitar que usuarios con capacidad económica accedan a este beneficio por criterios meramente técnicos de consumo.
Primeros cambios: sectores industriales sin subsidios
Con esta reforma, las tarifas para los consumidores AV1 aumentaron de USD 0,0791 a USD 0,1022 por kWh, como parte de un plan para transparentar el verdadero costo de la energía y reducir la presión fiscal sobre el Estado.
La focalización de los subsidios eléctricos forma parte del eje de política pública energética que lidera Arconel, en coordinación con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Economía y Finanzas.
¿El Gobierno establecerá un criterio socioeconómico claro y transparente para definir quién seguirá recibiendo la tarifa dignidad?
Esta pregunta pone el foco en la posible injusticia del modelo actual y en la necesidad de una reforma equitativa, además de exigir claridad sobre cómo se aplicará la futura focalización. (I)
