QUITO, Pichincha
El presupuesto aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la Consulta Popular y Referéndum 2025 ha generado críticas por considerarse un desperdicio de recursos públicos. El proceso electoral, que se realizará el domingo 16 de noviembre, moviliza 59 millones de dólares destinados a logística, materiales de votación, contratación de personal temporal y campañas institucionales.
Los ciudadanos ecuatorianos deberán responder tres preguntas: dos referéndum sobre bases militares extranjeras y financiamiento estatal a partidos políticos, y una consulta popular sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Organizaciones sociales y analistas cuestionan que una gran parte del presupuesto se destine a la propaganda institucional y contratación de personal temporal, cuando podrían invertirse en proyectos sociales o educativos. Según el CNE, se han fijado límites de gasto electoral para campañas a favor y en contra de las preguntas, pero persiste el debate sobre la eficiencia de la asignación de recursos.
El presidente Daniel Noboa ha defendido la consulta como un mecanismo de participación democrática, pero la ciudadanía y sectores políticos consideran que los costos superan los beneficios, generando polémica sobre la priorización de fondos en un país con necesidades urgentes en salud, educación e infraestructura.
Con más de 13 millones de electores habilitados, la decisión final recaerá en los ciudadanos, mientras el debate sobre el uso del presupuesto sigue siendo un tema central en la agenda pública. (I)
