QUITO, Pichicha
El Gobierno ecuatoriano apuesta por permitir la instalación de bases militares extranjeras como una herramienta estratégica para combatir el crimen organizado transnacional, una iniciativa que avanza tras la aprobación de una reforma constitucional en la Asamblea Nacional.
Con este paso legislativo, el proceso pasa ahora a la Corte Constitucional, que debe emitir un dictamen favorable para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a un referéndum en un plazo máximo de 45 días.
La propuesta genera debate, pero para expertos como Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, esta cooperación internacional “fortalece las capacidades operativas del país”. Recordó que entre 1999 y 2009, Estados Unidos operó desde la Base de Manta, con resultados efectivos en interdicción aérea y marítima contra el narcotráfico.
Bravo sostiene que “la seguridad nacional debe estar por encima de intereses ideológicos”. En su criterio, la instalación de bases permitiría enfrentar a estructuras criminales transnacionales con inteligencia, tecnología y logística de alto nivel.
Reforzar justicia penal: un factor determinante
Para Michelle Maffei, experta en seguridad, las bases militares extranjeras pueden ser útiles, pero no bastan. Subraya que el sistema judicial ecuatoriano continúa siendo vulnerable ante redes delictivas que logran infiltrar o corromper funcionarios.
“La clave está en articular todos los frentes: justicia, fuerza pública y ciudadanía. Sin una reforma judicial que garantice jueces y fiscales incorruptibles, no habrá resultados sostenibles”, advirtió.
Maffei propone que, de aprobarse el referéndum, las primeras instalaciones se ubiquen en los ocho puertos de aguas profundas del país, especialmente en Guayas, por donde sale más del 80% del comercio ecuatoriano, tanto lícito como ilícito.
Debate ideológico y enfoque comunitario
Durante el mandato de Rafael Correa, en 2006, el correísmo lideró la oposición a la presencia de tropas extranjeras en el país, argumentando que violaban la soberanía nacional. Sin embargo, ante el actual contexto de violencia, Bravo sostiene que “el crimen organizado no distingue banderas políticas” y que la prioridad debe ser la seguridad ciudadana.
Maffei también plantea acciones complementarias: sugiere crear centros comunitarios en zonas de riesgo, con acceso a educación, empleo y deportes, como medidas de prevención y contención. “Las comunidades deben ser parte de la solución. Sin inclusión, la violencia encontrará siempre nuevos soldados”, concluyó.
El referéndum decidirá si Ecuador permite nuevamente la presencia militar extranjera en su territorio, como parte de una estrategia integral para recuperar el control frente a redes delictivas internacionales. (I)
