QUITO, Pichincha
Creación de carreras técnicas, convenios con empresas para que les den trabajo a los detenidos, programas de desintoxicación, atención especial a jóvenes infractores, mejoras en infraestructura y tecnología, capacitación de guías penitenciarios, observatorio de acciones, censo penitenciario para conocer la situación jurídica, de salud, educativa, de peligrosidad para clasificarlos y orientarlos, mecanismo de comunicación con los familiares y atención a los hijos de los detenidos.
Estos son los 12 ejes de la nueva política presentada hoy al país y más de 300 acciones en el sector de trabajo, justicia, educación, cultura, deporte, asistencia social, derechos humanos, entre otros. Para su ejecución tendrá un presupuesto de aproximadamente USD 27 millones, en una primera fase.
Además, en su construcción participaron 17 instituciones del Estado, 40 organizaciones de la sociedad civil y academia, dos instituciones internacionales, 2.600 personas privadas de libertad y sus familiares, y se realizaron nueve visitas a los Centros de Privación de Libertad y de Adolescentes Infractores.
Según el presidente Guillermo Lasso, la delincuencia recluta a sus “sicarios” entre jóvenes abandonados o de hogares disfuncionales por lo que, agregó, esa política no solo funciona para los privados de la libertad, sino también para la sociedad.
“Con firmeza y decisión, estamos poniendo orden al descontrol y la violencia (…). Pero no es suficiente, debemos ir más allá, para construir un verdadero sistema penitenciario. Como caracteriza a nuestro Gobierno, queremos dar soluciones permanentes, con una auténtica e integral rehabilitación social”, sentenció.
Adicionalmente, el Jefe de Estado resaltó en que la elaboración de esta propuesta contó con el apoyo de Estados Unidos, Colombia, Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por su parte Bernarda Ordóñez Moscoso, secretaria de Derechos Humanos y presidenta del Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social ratificó la postura inquebrantable del Gobierno del Encuentro de trabajar por los más de 35.000 internos del país.
“Todos somos Ecuador y desde un principio planteamos en un solo objetivo que las personas privadas de la libertad tengan una segunda oportunidad para crecer y soñar en un proyecto que reivindique sus derechos y garantice una verdadera reinserción social”, expresó.
Con esa premisa, indicó que se planteó una hoja de ruta que incluye la participación de cada ministerio con un rol importante a fin de generar cambios reales. (I)
