QUITO, Pichincha
Cuando se trata de defender la democracia, yo no doy un paso al costado; soy una mujer que ha luchado por los derechos de mi pueblo, también por mis convicciones. Como presidenta de la Asamblea Nacional no he incumplido ninguna norma ni ningún procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). He cumplido mis competencias y atribuciones exclusivas, que son legislar y fiscalizar, así como determinar los órdenes del día, dirigir las sesiones del Pleno y del Consejo de Administración Legislativa (CAL)”, dijo Guadalupe Llori Abarca, titular de la Asamblea Nacional, en una entrevista con Teleamazonas.
En torno a la coyuntura política que vive la Función Legislativa, Guadalupe Llori recordó que, desde el inicio de su gestión, prometió al Ecuador dos cosas: “respetar y hacer respetar la Constitución, la Ley y los procedimientos parlamentarios; y, trabajar por la reconciliación, la unidad nacional, la gobernabilidad y la defensa de la institucionalidad”.
Además, indicó que no se opone a la evaluación, tampoco se aferra al poder, porque lo fundamental para el éxito del Ecuador es llegar a acuerdos con todas las bancadas. “Hago un llamado a todas las bancadas, a todos los asambleístas que quieran apostar por el país a buscar las soluciones a los problemas emergentes y no estancarnos, para viabilizar aquellos proyectos trascendentales para el desarrollo nacional”, subrayó.
A criterio de Guadalupe Llori, “quienes en realidad están frenando el trabajo de la Asamblea son aquellos que no dan cuórum, aquellos que buscan crear una comisión multipartidista sin que primero se califique la investigación por el órgano regulador”.
De acuerdo con lo previsto en la LOFL, se deben cumplir tres pasos importantes: ingresar la denuncia para conocimiento del CAL; luego remitir al órgano sustanciador, que es la Comisión ad hoc o Multipartidista; y, por último, la decisión del órgano juzgador que es el Pleno de la Asamblea Nacional.
Dijo finalmente que si no hay una denuncia, si no se acude al órgano calificador, se está violando el debido proceso, lo quel entraña sanciones por arrogación de funciones, como consta del pronunciamiento vinculante del Procurador General del Estado, quien determina que el Pleno no puede interferir en las atribuciones y competencias exclusivas del CAL. (I)
