QUITO, Pichincha
Representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE) presentaron observaciones técnicas a los proyectos que reforman la Ley Orgánica de Salud, durante una sesión de trabajo con la comisión especializada que analiza el texto unificado.
Uno de los proyectos busca limitar la discrecionalidad en los pagos a los prestadores de la Red Privada Complementaria de Salud Pública sin fines de lucro, que brindan atención a grupos prioritarios. El otro apunta a fortalecer el Sistema de Información Nacional de Salud y establecer mecanismos claros para prevenir conflictos de interés.
Marco Bonifaz, delegado del Consejo Directivo del IESS, reconoció que ambos proyectos representan avances significativos. No obstante, advirtió que las reformas deben construirse sobre una base normativa que garantice gobernabilidad, respete la jerarquía institucional y articule los procesos operativos del sistema de salud. Subrayó que ya existen normas vigentes que regulan los pagos y relaciones con prestadores externos, y recomendó no incluir detalles operativos en la ley, debido a que estos procedimientos son dinámicos y requieren flexibilidad.
Bonifaz también expresó preocupación por el enfoque exclusivo en prestadores sin fines de lucro. Afirmó que, aunque se deben establecer principios generales de reconocimiento económico, priorizar solo a ciertos actores podría generar percepciones de inequidad dentro del sistema de salud complementario.
ACHPE
Por su parte, Ana Delgado, directora ejecutiva de ACHPE, enfatizó la necesidad urgente de construir un Código Orgánico de la Salud (COS) que integre de forma coherente las normativas actuales. Consideró que un solo cuerpo legal permitirá alinear a todo el sector bajo objetivos comunes, promoviendo estabilidad jurídica y eficiencia institucional.
Delgado cuestionó la priorización legal de prestadores sin fines de lucro para servicios de tercer nivel y enfermedades catastróficas, recordando que este criterio ya figura en el reglamento de relacionamiento vigente. Señaló que numerosos centros de diálisis —que atienden a la mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica en el país— forman parte del sector privado con fines de lucro, y cumplen funciones esenciales en la red de atención.
El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, agradeció las contribuciones de ambos sectores y aseguró que las observaciones serán incluidas en la matriz técnica que se utilizará para elaborar el informe de segundo debate.
Las reformas en análisis podrían redefinir las condiciones de cooperación entre el sector público y privado en la atención sanitaria, con el objetivo de fortalecer un sistema más equitativo, eficiente y orientado a resultados para los ciudadanos. (I)
