QUITO, Pichincha
La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional escuchó el jueves 03 de junio de 2025, las posturas del sector lechero respecto al proyecto de Ley Interpretativa al artículo 24 de la Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche.
Durante la sesión, participaron representantes del Centro de la Industria Láctea del Ecuador, del Centro Agrícola de Mejía y el productor ganadero Rodrigo Gómez de la Torre. Todos coincidieron en que la iniciativa legal no es interpretativa, sino reformatoria, y advirtieron que podría generar impactos negativos en el sector productivo.
Verónica Chávez, directora del Centro de la Industria Láctea, reveló que Ecuador produce diariamente 5,3 millones de litros de leche, pero el 48,38% circula en la informalidad. Según datos del sector, existen 2.242 establecimientos que operan sin regulación, lo que distorsiona el mercado y perjudica tanto a productores como a consumidores.
Centro Lácteo
La abogada Doménica Robayo, también del Centro Lácteo, rechazó el proyecto de ley. Argumentó que el artículo 24 es claro al establecer que el precio de sustentación al productor se indexa en un 52,4% respecto al precio de venta al público del producto líder del mercado: la leche UHT en funda. Señaló que la propuesta va más allá de una interpretación y altera el sentido de la norma vigente.
Juan José Lasso, presidente del Centro Agrícola de Mejía, respaldó esa postura y recordó que la ley apenas ha estado en vigencia un año, lo que impide una evaluación objetiva de sus efectos. “Modificarla ahora sería perjudicar a los pequeños productores, que recién comienzan a beneficiarse del precio de sustentación”, recalcó.
El productor ganadero Rodrigo Gómez de la Torre, por su parte, instó a los legisladores a promover el consumo interno de leche antes de introducir cambios legales. Propuso archivar el proyecto para evitar mayor incertidumbre en un sector que atraviesa dificultades por bajos niveles de comercialización.
Desde el lado legislativo, el asambleísta Luis Molina señaló que, si bien la ley está vigente, existen contradicciones entre esta, su reglamento y el acuerdo ministerial correspondiente. Alertó que las diferentes metodologías de cálculo generan inseguridad jurídica tanto para los productores como para la industria.
En esa línea, el legislador Juan Gonzaga sugirió revisar exhaustivamente la coherencia normativa antes de decidir sobre la viabilidad del proyecto. “Es imprescindible verificar si existen contradicciones antes de asumir una posición definitiva”, puntualizó.
La Comisión continuará recibiendo aportes del sector público y privado antes de emitir su informe sobre esta iniciativa que podría redefinir el mecanismo de fijación del precio de la leche cruda en el país. (I)
