QUITO, Pichincha
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ejecutó una reestructuración profunda en el sector minero tras detectar presuntos nexos entre funcionarios públicos y la minería ilegal. La medida incluyó la salida de decenas de directivos y técnicos de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la Empresa Nacional Minera (Enami) y el Viceministerio de Minas.
El miércoles 4 de febrero de 2026, Manzano confirmó que la depuración se basó en pruebas de confianza, incluido el uso del polígrafo, y en alertas internas sobre irregularidades. “Cuando paso pruebas de confianza y tengo alertas, les pido que se vayan”, afirmó la funcionaria al explicar los criterios aplicados.
En Enami, la ministra ordenó la desvinculación total del personal directivo y técnico. La entidad quedó temporalmente bajo la administración del gerente subrogante, Galo García. Manzano además confirmó que varias denuncias penales ya avanzan contra exfuncionarios por presunta complicidad con actividades ilícitas.
La crisis también alcanzó a Arcom. Durante una inspección en Puerto Bolívar, la ministra constató que técnicos de la entidad se negaron a medir concentrados de oro, cobre y plata destinados a exportación. Ante ese escenario, Manzano decidió remover a todo el equipo involucrado. “Tuve que hacerlo yo misma”, relató.
Esta reestructuración coincidió con resoluciones oficiales que suspendieron de forma indefinida las actividades mineras en la provincia de Napo y en plantas de beneficio del cantón Portovelo, en El Oro. El Gobierno busca ejecutar estos cierres con una entidad de control técnica y libre de infiltraciones.
Manzano aseguró que el nuevo perfil de funcionarios deberá garantizar firmeza frente a la minería ilegal. “No necesitamos gente miedosa; requerimos personal aguerrido que enfrente a las mafias”, sostuvo. (I)
