QUITO, Pichincha
Representantes de la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General, el Consejo de la Judicatura y el Colegio de Profesionales en Contratación Pública debatieron el jueves 05 de junio de 2025, sobre las reformas propuestas en el proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. El análisis se realizó durante una sesión convocada por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.
Los participantes evaluaron temas como la eliminación de la contratación directa, la supresión de la lista corta en consultoría, la creación del Catastro Nacional de Estudios Técnicos Referenciales y el control sobre las denominadas “ofertas temerarias”.
Contralor General del Estado
El abogado Néstor Toro-Hinostroza, delegado del Contralor General del Estado, planteó que todos los procesos de contratación deben ser públicos en cada fase, salvo aquellos que la ley declare confidenciales. Además, sugirió incluir mecanismos claros de financiamiento para garantizar la operatividad del órgano de control.
Desde la Procuraduría General, la abogada Vanessa del Pozo destacó los avances del proyecto en materia de simplificación administrativa y modernización del sistema. Propuso implementar gradualmente herramientas tecnológicas que mejoren la transparencia, además de perfeccionar los procedimientos relacionados con la finalización de contratos.
El Consejo de la Judicatura, a través de su director nacional de Asesoría Jurídica, Roger Tumalli, recomendó precisar el artículo sobre control preferencial a proveedores que denuncien corrupción. Tumalli también propuso incluir un artículo que regule la “oferta temeraria”, con el objetivo de frenar prácticas delictivas vinculadas al lavado de activos.
La presidenta del Colegio de Profesionales en Contratación Pública, Lorena Flores, respaldó el proyecto legislativo, al considerar que responde a la necesidad histórica de simplificar los procesos. A su criterio, los actuales 33 procedimientos existentes deben reducirse. El fundador del gremio, César Camino, coincidió con esta visión y enfatizó que persisten complejidades en el régimen especial, donde aún quedarían vigentes 27 procesos.
Los legisladores presentes solicitaron ampliar la discusión sobre criterios de adjudicación, conformación de consorcios, participación de actores de la economía popular y solidaria, rol del SERCOP en la regulación, y emisión de normativa secundaria. (I)
