QUITO, Pichincha
El juez Fernando Cantos resolvió el pasado 20 de enero de 2025, mantener la prisión preventiva para Cristian R., Gary P. y Hugo H., implicados en el caso Plaga. La decisión se emitió al término de una audiencia de revisión de medidas cautelares, realizada en la Corte Nacional de Justicia.
La sesión, que inició en la mañana y se retomó tras un receso hasta las 12:15, concluyó con la negativa a las solicitudes presentadas por los acusados. Según un comunicado de la Fiscalía, el juez consideró que las pruebas presentadas justifican la continuidad de las medidas preventivas debido a la gravedad de los hechos investigados.
Detalles del caso Plaga
El caso Plaga, iniciado en abril de 2024, expone una presunta red de corrupción judicial que habría manipulado procesos legales para otorgar beneficios indebidos a personas privadas de la libertad. Entre las irregularidades denunciadas figuran la emisión de certificados médicos falsos y la concesión de medidas cautelares a cambio de sobornos.
De los 31 procesados inicialmente, dos quedaron excluidos en agosto de 2024 tras recibir un dictamen abstentivo. María José L. y Víctor V. fueron liberados de cargos al no encontrarse pruebas suficientes en su contra. Actualmente, el proceso avanza contra los restantes acusados, incluidos jueces, abogados y funcionarios del sistema penitenciario.
Procedimientos abreviados y testimonios
A partir del martes, 21 de enero, el conjuez Edison Cantos revisará once solicitudes de procedimiento abreviado. Este mecanismo permite resolver casos de forma expedita para quienes admiten su participación en los delitos investigados. Entre los solicitantes figuran exjueces, abogados y antiguos funcionarios penitenciarios.
Además, los testimonios anticipados de varios procesados han sido fundamentales. En sus declaraciones, algunos admitieron haber recibido pagos para realizar trámites irregulares, detallando el funcionamiento de la red y los montos involucrados en los sobornos. La Fiscalía asegura que los elementos recopilados apuntan a un esquema criminal bien estructurado, con roles claramente definidos.
Aunque las autoridades han avanzado en el caso, surgen dudas sobre el alcance real de esta red y si existen cómplices aún no identificados. ¿Cuántos procesos judiciales más podrían estar contaminados por esta red? ¿Qué medidas se implementarán para evitar que este tipo de corrupción vuelva a ocurrir en el sistema judicial? (I)
