QUITO, Pichincha
La Fiscalía procesó a la jueza Nubia Vera por el presunto delito de concusión, en el marco del caso Mueble Fino, un expediente que detalla cómo la funcionaria habría solicitado mobiliario de lujo y almuerzos costosos a cambio de favorecer a un ciudadano en un juicio por tenencia de un menor.
Durante la audiencia de formulación de cargos realizada este martes en Quito, la fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria, expuso ante el juez de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado que Vera habría abusado de su cargo para obtener beneficios personales.
El caso se originó tras una visita técnica realizada el 11 de mayo de 2023 a la vivienda de un denunciante, cuyo padre es propietario de una fábrica de muebles. Poco después, la jueza —según el expediente— pidió que la invitaran a un almuerzo en un hotel de lujo en el sector La Mariscal, en el norte de Quito. Allí, habría condicionado su fallo judicial a la entrega de muebles.
Según la investigación, el 15 de marzo de 2024, Vera solicitó una nueva invitación, esta vez con la presencia del padre del menor. Tras ese encuentro, exigió la entrega de 130 sillas talladas, un juego de sala y un aparador. Amenazó con no instalar la audiencia de tenencia si sus pedidos no eran cumplidos. Finalmente, los muebles fueron entregados el 22 de noviembre de 2024 en su domicilio, donde su hija los recibió personalmente.
Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía constan:
- Testimonios de familiares y un amigo del denunciante que ayudó con el traslado de los muebles.
- Comprobantes de consumos en un hotel y restaurante por USD 124 y USD 70, respectivamente.
- Documentos oficiales que confirman que Vera ocupa el cargo de jueza desde 2023.
El juez a cargo dictó varias medidas cautelares:
- Presentación periódica ante la autoridad.
- Prohibición de salir del país.
- Inmovilización de dos vehículos y un inmueble.
- Prohibición de transferir bienes.
El pedido de colocarle un dispositivo de vigilancia electrónica fue rechazado.
De acuerdo con el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de concusión conlleva penas de tres a cinco años de prisión.
El caso se hizo público en junio de 2025, tras el allanamiento de la vivienda de Vera en Quito. La defensa de la jueza calificó el proceso como una represalia política, mencionando como antecedente una acción de protección que restituyó en funciones a la entonces vicepresidenta Verónica Abad. (I)
