Por Elio Ortega Icaza
La Función Judicial del Ecuador, atraviesa una de las etapas más complejas de las últimas décadas. La pérdida de confianza ciudadana se ha convertido en un fenómeno generalizado, impulsado por fallos judiciales cuestionados, denuncias de corrupción, interferencias políticas y una débil respuesta institucional frente a conductas que afectan la legitimidad del sistema de justicia.
En un Estado constitucional de derechos y justicia, la independencia judicial no es una consigna abstracta, sino una garantía esencial para la vigencia de la democracia.
Sin embargo, en la práctica, esa independencia se ha visto debilitada por presiones externas, pugnas de poder y una administración disciplinaria percibida como selectiva.
El resultado es una justicia que, para amplios sectores de la ciudadanía, ha dejado de ser predecible y confiable.
Casos de alto impacto social han evidenciado resoluciones contradictorias, cambios abruptos de criterio y decisiones que desafían principios básicos como la motivación y la seguridad jurídica.
Estos episodios no solo afectan a las partes procesales, sino que profundizan la sensación de indefensión en la sociedad y refuerzan la idea de que la ley no se aplica de manera igualitaria.
Es necesario reconocer que dentro de la Función Judicial existen jueces, fiscales y servidores probos que cumplen su labor con apego a la Constitución y a los derechos humanos.
No obstante, la crisis institucional ha terminado por arrastrar la imagen del sistema en su conjunto, afectando incluso a quienes actúan con rectitud.
El problema no radica en la falta de normas. El Ecuador, cuenta con un marco constitucional y legal robusto. El verdadero déficit es ético e institucional. La justicia falla cuando se normalizan prácticas ajenas a la transparencia, cuando la meritocracia se debilita y cuando las sanciones no se aplican con firmeza ni coherencia.
Frente a este escenario, diversos sectores coinciden en la necesidad de una profunda reforma que vaya más allá de lo administrativo.
Se requiere una recuperación ética de la Función Judicial, basada en evaluaciones reales, formación continua, rendición de cuentas y un compromiso efectivo con el servicio público.
La justicia es un pilar del Estado. Sin credibilidad judicial, la democracia se debilita y el Estado de derecho pierde sentido. (O)
