Por Elio Ortega Icaza
La Amazonía ecuatoriana no puede seguir siendo tratada como una región lejana, marginal o prescindible.
Las provincias de Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, constituyen un pilar estratégico para el país, no solo por su biodiversidad y riqueza cultural, sino por el aporte económico que durante décadas han entregado al Ecuador. Sin embargo, esa contribución histórica no ha sido correspondida con políticas públicas eficaces ni con inversión sostenida.
La precariedad de la Troncal Amazónica, es una evidencia clara del abandono estatal. Una vía fundamental para la integración regional permanece en condiciones deficientes, afectando la movilidad, el comercio y la seguridad de miles de ciudadanos.
A ello se suma un sistema de salud debilitado: hospitales sin especialidades, sin medicamentos y sin insumos, que obligan a la población a trasladarse a otras ciudades o a resignarse frente a la enfermedad.
El desempleo, la inestabilidad laboral y la deficiente provisión de servicios básicos, como la energía eléctrica, profundizan la desigualdad estructural.
En este contexto, la economía local sobrevive gracias al esfuerzo diario de una ciudadanía resiliente que, a pesar de las adversidades, sostiene a sus familias sin el respaldo adecuado del Estado.
Desde una perspectiva constitucional, esta realidad resulta inaceptable. El artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República consagra el derecho a la igualdad y a la no discriminación. No obstante, para la Amazonía, este principio continúa siendo una aspiración incumplida.
La Ley Amazónica, promulgada en 2016, estableció beneficios concretos como la creación de universidades y la preferencia laboral para los habitantes de la región. La falta de aplicación efectiva de esta normativa refleja una desconexión preocupante entre la ley y la realidad.
Particular atención merecen Orellana y Sucumbíos, provincias petroleras donde la contaminación ambiental ha derivado en graves afectaciones a la salud, incluyendo altos índices de enfermedades catastróficas. Estas poblaciones requieren respuestas urgentes, no discursos ni promesas.
El año 2026 debe marcar un punto de inflexión. El Estado, encabezado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azin, tiene la responsabilidad histórica de saldar esta deuda. La Amazonía no exige privilegios: reclama justicia, dignidad y respeto a los derechos consagrados en la Constitución. (O)
