QUITO, Pichincha
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional revisa las propuestas sobre el estudio en las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial en los ejes relacionados con un blindaje ético de esta función del Estado, el régimen integral del combate contra la corrupción, la transparencia y la democratización de la justicia.
Al respecto, a más de la prueba de confianza con el polígrafo, se propone la creación de un Sistema Interinstitucional de Control Patrimonial, a fin de realizar una auditoría permanente de la situación patrimonial de jueces, fiscales, defensores públicos y demás operadores judiciales, a través de un sistema informático que pueda interconectar los datos con que cuentan el Servicio de Rentas Internas, los registros de propiedad, entre otras entidades.
Otro órgano que se crearía tiene que ver con una veeduría ciudadana que será la encargada de realizar una auditoría al desempeño de la Judicatura, los jueces y demás operadores judiciales, que contaría con la participación de un representante de la academia, nombrado por la Secretaría de Educación Superior; un experto del sistema de Naciones Unidas; y un jurista designado por los colegios de Abogados del país. Ellos presentarán un informe anual del desempeño judicial.
Con esto, se configura un régimen que permitirá contar con una Función Judicial ética, libre de actos de corrupción, desde la designación de jueces, con la prueba de confianza del polígrafo, la auditoría interna a través de una Unidad de Integridad Judicial, mediante el sistema informático interconectado con las principales entidades públicas que tutelan la información patrimonial de los ciudadanos; y la veeduría ciudadana, con lo cual se cerrará el círculo del blindaje ético de la Función Judicial.
En el eje de transparencia y democratización de la justicia en el Ecuador, se propone la creación de jurados para que los procesos no dependan únicamente de los jueces y juezas, sino de los puntos de vista de ciudadanos comunes y corrientes, quienes analizarán los casos específicos para emitir sus veredictos. La presencia de jurados se aplicará, por ejemplo, en delitos como peculado y concusión, cuando el perjuicio al Estado supere los 500 mil dólares. (I)
