Por José Chica Pincay, docente e investigador
La expulsión de un partido o movimiento político no resulta automáticamente en la pérdida de la curul. Para que esto ocurra, es necesario contar con una regulación constitucional o legal expresa que establezca claramente dicha consecuencia y determine el procedimiento correspondiente, garantizando el debido proceso conforme al Código de la Democracia.
En muchos sistemas democráticos, como el de Ecuador, se considera que las curules o cargos políticos pertenecen a los partidos y no a los individuos. Sin embargo, esto no debe contradecir el derecho fundamental a elegir y ser elegido, así como la voluntad de los electores que permitieron la elección del respectivo funcionario, como un asambleísta, alcalde o concejal.
En Ecuador, la candidatura política implica que un partido o movimiento selecciona a un candidato para representar los intereses ciudadanos mediante un plan de gobierno o trabajo, presentado durante la campaña electoral.
A pesar de esta obligación, actualmente no existe una sanción específica en la legislación electoral ecuatoriana para los candidatos electos que no cumplan con su plan de gobierno.
En su lugar, la rendición de cuentas y la presión social son los principales mecanismos para asegurar que los funcionarios electos cumplan sus promesas.
Un ejemplo de la complejidad y controversia que rodea estas situaciones es el caso de la ex asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Lucía Jaramillo, quien ha criticado a su expartido por no expulsar a miembros como el exlegislador Pablo Muentes, acusado de delincuencia organizada, mientras busca castigar a quienes cambian de partido o no siguen la línea oficial.
Jaramillo ahora forma parte de la bancada de ADN, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre su lealtad y motivaciones políticas, especialmente en relación con el nombramiento de su hermana en posiciones clave dentro de ADN.
La situación resalta las tensiones entre la disciplina partidaria y la representación democrática, así como la necesidad de una regulación clara y justa que equilibre estos aspectos.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el ente encargado de regular y supervisar el proceso de rendición de cuentas, aunque su imparcialidad ha sido cuestionada en algunos casos, como en la denuncia contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presentada por Juan Guarderas y la abogada Mónica Jaramillo. Esta denuncia señala un trato desigual en comparación con otros casos similares.
En resumen, para que la expulsión de un partido implique la pérdida de la curul, se requiere una regulación legal expresa que garantice el debido proceso.
La rendición de cuentas y la transparencia son esenciales para mantener la confianza en el sistema democrático y asegurar que los funcionarios electos actúen en beneficio de la ciudadanía. (O)
