Por Elio Ortega Icaza
Durante la Segunda Guerra Mundial, las Islas Galápagos cobraron una relevancia geopolítica excepcional. Su ubicación estratégica en el océano Pacífico las convirtió en punto clave para la defensa del continente americano frente a posibles ataques del eje japonés.
En ese contexto, el gobierno ecuatoriano autorizó temporalmente a los Estados Unidos a establecer una base militar en la isla Baltra, conocida entonces como South Seymour.
La instalación contaba con pistas de aterrizaje, depósitos de combustible y una infraestructura que permitió a los aliados controlar las rutas marítimas del Pacífico oriental.
Al concluir el conflicto, en 1945, surgieron propuestas desde el extranjero que pretendían mantener la presencia militar estadounidense en el archipiélago. No obstante, el presidente José María Velasco Ibarra, firme defensor de la soberanía nacional, rechazó cualquier intento de prolongar dicha ocupación. Su postura fue categórica: el territorio ecuatoriano no podía cederse ni someterse a injerencias externas.
En 1946, por decisión directa de su gobierno, la base aérea de Baltra fue entregada oficialmente al Estado ecuatoriano. Este acto simbolizó la recuperación plena del control sobre las islas y reafirmó el principio de autodeterminación del Ecuador.
La decisión de Velasco Ibarra no solo consolidó la presencia estatal en el archipiélago, sino que también sentó las bases para el futuro desarrollo del Parque Nacional Galápagos, creado años más tarde con el propósito de proteger su incomparable biodiversidad.
El gesto político de Velasco Ibarra trascendió el ámbito militar. Representó un hito en la historia de la defensa territorial ecuatoriana y un ejemplo de liderazgo soberano en tiempos de presiones internacionales.
Gracias a esa determinación, las Islas Galápagos permanecieron bajo control nacional, asegurando su conservación y reconocimiento como patrimonio natural de la humanidad. (O)
