Por Henry Llanes Suárez
La derecha radical de Ecuador quiere privatizar todo, quiere desaparecer a PETROECUADOR, quiere retirar al Estado del manejo de las actividades económicas, de aquellas que se concentran en los sectores estratégicos de la economía nacional.
Esa fue la idea dominante que quedó muy claro el día de ayer en el debate presidencial que se realizó este domingo 19 de enero de 2025.
Pero los presidenciables de la derecha radical se olvidaron de decirle al país, que ellos son los que han manejado al Estado en sus diferentes ámbitos, ya sea como ministros de estado y como gerentes de las empresas públicas, y que en cada gobierno se han disputado a dentelladas por controlar su gestión, por contralar los contratos, como lo han venido haciendo en los sectores de hidrocarburos y eléctrico, en los que cada semana cambian de gerentes.
Ahora quieren privatizar todo para ser los accionistas y representantes legales de esas empresas, para llevarse todo. Cuando ellos han sido los representantes legales de las empresas estales, lo primero que han hecho es amarrar los negocios, los contratos y los proyectos para seguir beneficiándose de sus ganancias después de que han dejado los cargos públicos.
En la disputa de esos intereses han boicoteado la gestión de las empresas estatales, han bloqueado su gestión con el objeto de que fracasen y así poder justificar su privatización, como ya lo han hecho con las telecomunicaciones, especialmente con la telefonía celular, y lo mismo lo han hecho con los hidrocarburos para importar sus derivados y obtener millonarias ganancias, como ya lo vienen haciendo desde los años noventa, para ello han boicoteado el fortalecimiento de la refinación de los hidrocarburos del país.
Actualmente todos los campos petroleros están en manos privadas, quienes le facturan al Estado hasta USD 41 por la explotación de un barril de petróleo, cuando esos costos hasta el año 2006 no superaban en promedio los USD 7 y USD 8, cuando esos campos petroleros estaban bajo el control de Petroecuador.
Pusieron en vigencia una Ley de Empresas Públicas para llevarla a Petroecuador y a otras empresas del Estado a la tela araña de la burocracia estatal, con la cual se entrampó la gestión de las empresas públicas. Si algo urgente hay que hacer, es derogar esta ley.
Los que han corrompido la gestión estatal son ellos, en la disputa de sus intereses por controlar los sectores estratégicos de la economía nacional, los más rentables, los negocios en marcha, en donde ya no existe riesgos para las inversiones.
El próximo domingo 9 de febrero, la palabra la tienen los electores, ni un solo voto para la derecha radical. (O)
