QUITO, Pichincha
Con el propósito de analizar la crisis carcelaria los representantes de las instituciones que forman parte del sistema judicial del país, comparecieron en la Asamblea Nacional.
Ahí explicaron los principales problemas en el procesamiento de sus atribuciones es la falta de un expediente electrónico, presupuesto y modernización en los sistemas tecnológicos.
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, manifestó que han dado a conocer por reiteradas ocasiones que, desde la Función Judicial, tienen la necesidad de contar con el expediente electrónico.
“Estamos conscientes que es necesaria la celeridad para atender la crisis carcelaria, pero si los jueces se demoran deben responder, sin embargo, para poder cumplir los plazos, se requieren elementos tecnológicos; pero no hay ni papel bond, peor insumos tecnológicos”.
Señaló también que la justicia penal del Ecuador, tiene una altísima carga procesal de accidentes de tránsito. El 85% aproximadamente de los casos penales, son de tránsito. Propuso que se despenalicen las contravenciones y delitos de tránsito, debido a que los ciudadanos no actúan de mala fe, sino más bien manejan un vehículo que constituye un peligro y que puede convertirse en un riesgo, pero no justifica tomar medidas penales de privación de libertad, pues se viola el principio de mínima intervención penal.
María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, con relación a los beneficios penitenciarios que sería una de las soluciones para el hacinamiento penitenciario, manifestó que no es su potestad elaborar los expedientes penitenciarios, que es competencia del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, y que si no están completos, no se pueden otorgar los beneficios penitenciarios.
Hizo énfasis en que cuando una jueza impone los criterios para conceder un beneficio penitenciario, es de índole jurisdiccional, no puede intervenir el Consejo de la Judicatura. “Se deben expedir las resoluciones que permitan la unificación de criterios legales de los jueces para conceder la prelibertad. Vamos a incorporar más jueces de garantías penitenciarias, vamos a pedir sanciones para los jueces que no han cumplido el número de casos mínimo que deben sentenciar” dijo Maldonado. (I)
