QUITO, Pichincha
La Judicatura destituyó a siete jueces de Guayas, un fiscal y un secretario de Unidad Judicial. Ellos son investigados por presunta delincuencia organizada en los casos Metástasis y Purga.
La resolución fue aprobada por unanimidad. Ocurrió en la sesión ordinaria del organismo este viernes, 14 de junio de 2024, en vísperas de que se realice las audiencias de llamado a juicio y se cierre la instrucción fiscal por estas causas.
La Judicatura determinó que ocho de estos operadores judiciales incurrieron en la infracción disciplinaria gravísima. La misma consta en el artículo 109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial. El texto dice que: “solicitar o recibir favores, servicios, préstamos en dinero u otros bienes ponen en tela de juicio la imparcialidad del servidor”.
En el caso del secretario de la Unidad Judicial, se determinó que incurrió en la falta establecida en el artículo 109.19 del mismo Código: no poner en conocimiento de la máxima autoridad de la institución cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la Función Judicial y la imparcialidad de los jueces y demás servidores judiciales.
Entre los jueces destituidos está la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo y los magistrados Reinaldo Cevallos, Henry Taylor Terán, Nelson Ponce, Ramos Lino Tumbaco, Guillermo Valarezo y Johann Marfetán.
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El 5 de junio, el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, vinculó a trece personas, entre ellas el expresidente de la Corte Provincial de Guayas, Hugo Manuel G., y el juez José Daniel P., a la causa que se sigue por delincuencia organizada, en la que ya eran procesados otros doce involucrados por el caso Purga.
Al concluir la audiencia, el juez nacional Javier de la Cadena acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Mercedes V., Tatiana V., José Daniel P., Esteban Ch., Susana B., Jackeline D., Miriam R. y Silvia O.
Mientras que, a Rubén D., Hugo G., Juan R., Freddy J. y Andrea P. les dispuso la obligación de presentarse semanalmente ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. (I)