Por Elio Roberto Ortega Icaza
El sicariato, la muerte ejecutada por encargo, se ha convertido en una de las expresiones más crudas de la violencia que atraviesa el Ecuador. No es únicamente un fenómeno delictivo; es una señal alarmante de cómo la vida humana ha sido degradada hasta convertirse en mercancía dentro de las lógicas del crimen organizado.
En el año 2025, el país ha registrado una escalada sostenida de muertes violentas, muchas de ellas de carácter selectivo, propias de estructuras criminales que utilizan el sicariato como herramienta de intimidación, control territorial y eliminación de adversarios.
Detrás de cada caso hay una vida truncada, una familia destruida y una sociedad que se acostumbra peligrosamente a la violencia.
El Estado ha respondido con estados de excepción, mayor presencia policial y militar, y reformas normativas orientadas a combatir al crimen organizado. Sin embargo, estas acciones, aunque necesarias, no pueden ser la única respuesta.
La violencia contra la vida exige políticas integrales de prevención, fortalecimiento de la justicia, lucha contra la impunidad y recuperación del tejido social. Sin instituciones sólidas y sin una cultura de respeto a la vida, la represión resulta insuficiente.
Desde el ámbito jurídico, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 143, sanciona el sicariato con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, reconociendo su gravedad agravada al tratarse de un homicidio cometido por precio o recompensa. Esta norma protege el bien jurídico supremo: la vida.
La Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, reconoce la vida como un derecho inviolable y obliga al Estado a garantizarla.
La Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia han reiterado, en sentencias vinculantes, que la protección de la vida es un deber primordial del poder público.
Desde esta tribuna del pensamiento y la justicia, hago un llamado respetuoso a la sociedad ecuatoriana: no normalicemos la violencia ni aceptemos que la muerte tenga precio.
La vida no se contrata, no se negocia y no se reemplaza. Defenderla es una responsabilidad jurídica, ética y profundamente humana. (I)
