DAVOS, Suiza
El presidente Guillermo Lasso Mendoza, mandó a la Policía Nacional a ubicar a un exfuncionario de su Gobierno y a otra persona por su presunta implicación en una trama de corrupción en las empresas del sector de energía.
Lasso pidió la localización de Hernán Luque, ex presidente del directorio de EMCO (Empresa Coordinadora de Empresas Públicas), y de Rubén Cherres Faggioni, tras la filtración de unos audios, revelados por el medio digital La Posta, en los se escucha el aparente cobro de unos $150.000 dólares mensuales, a cambio de supuestos nombramientos y/o contratos en empresas públicas.
Pedido a la Fiscal General
En una nueva carta dirigida a la fiscal general, Diana Salazar, el primer mandatario hizo referencia a la misiva enviada este domingo sobre una indagación previa, en la que se investiga una supuesta “estructura criminal» que, según Lasso, «falsamente se ha denunciado que habría sido organizada desde el Gobierno Nacional que dirijo».
En la nota enviada ayer, Lasso dispuso a las dependencias de Ejecutivo, que sean requeridas por la Fiscalía del Estado, que entreguen toda la información que fuese necesaria para que se adelante y concluya lo más pronto posible esa indagación.
Con ese antecedente y tras haberse hecho público el día de hoy un audio en el que se atribuye al exfuncionario Hernán Luque y a Rubén Cherres Faggioni, «haber efectuado cuantiosos pedidos de dinero tanto para sí como supuestamente para terceros, a cambio de nombramientos y/o contratos en empresas del sector público», Lasso emitió nuevas disposiciones.
«Debo expresarle señora Fiscal, en adición a lo ya dicho en mi carta de ayer que he dispuesto que el Ministro del Interior y el Comandante General de la Policía Nacional efectúen con urgencia todas las tareas que sean necesarias para ubicar a dichas personas, tanto en el territorio nacional como fuera de él, si es que ya hubiesen abandonado el país.
Y en caso de que ambos estén fuera del país, pidió que se active la cooperación internacional particularmente con Interpol, de manera que, de ser procesados por la Fiscalía General del Estado, «estos no puedan escapar de las manos de la administración de la justicia». (I)
