QUITO, Pichincha
La asambleísta Carmen Tiupul, representante de la provincia de Chimborazo, presentó este jueves el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, cuyo objetivo es garantizar precios justos para la producción agrícola y fortalecer la comercialización interna con protección estatal a los productos locales.
Tiuoul señaló que uno de los principales problemas que enfrentan los productores es la falta de control sobre el ingreso de productos extranjeros, lo que afecta a la producción nacional.
La propuesta prioriza la protección del comercio interno y la regulación de la intermediación, evitando la especulación de precios y el debilitamiento de la producción agropecuaria, especialmente la campesina, comunitaria y de la economía popular y solidaria.
Tiupul explicó que la iniciativa fue construida junto a la Confederación Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) y productores locales y nacionales, con el fin de proteger a quienes sostienen la economía rural del país.
Además, plantea la creación de un Comité Interinstitucional encargado de controlar la intermediación y regular los precios de ciertos productos agrícolas.
Comercialización interna
El proyecto establece que el Estado garantizará la comercialización interna de los productos del sector primario mediante mecanismos de precios justos y sustentación económica, asegurando una remuneración adecuada al productor y un acceso equitativo para los consumidores.
Se define como precio justo aquel que cubre los costos reales de producción, incluya una utilidad razonable y evite abusos en la intermediación.
Restitución de ahorros
Tiupul también presentó el Proyecto de Ley Reformatoria para Garantizar la Restitución de Ahorros y la Protección de los Socios en la Liquidación Forzosa de Cooperativas, orientado a proteger a los socios afectados por cierres abruptos de estas entidades financieras.
La propuesta reforma la Ley de Economía Popular y Solidaria y el Código Orgánico Monetario Financiero, ampliando el plazo de liquidación de cooperativas de tres a cinco años, para garantizar procesos responsables y transparentes. Y establece un orden de prelación que prioriza la devolución de ahorros a personas jubiladas.
Con estas reformas, la legisladora busca restablecer la confianza en el sistema financiero, mediante reglas claras y el respeto a los derechos de quienes depositaron sus ahorros de buena fe, evitando que más familias sufran pérdidas económicas irreparables. (I)
