QUITO, Pichincha
Con el voto favorable de 120 legisladores, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, cuya finalidad es brindar protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, a través del establecimiento de mecanismos, competencias y responsabilidades estatales.
El debate de este proyecto tuvo como base el informe preparado por la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el legislador Fernando Flores, instancia que cumplió un amplio proceso de socialización en el que recibió observaciones de los asambleístas, colectivos ciudadanos, expertos, autoridades públicas, representantes de diversas instituciones nacionales e internacionales.
El proyecto se basa en tres ejes fundamentales: la prevención y combate a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes; la asistencia y protección a quienes son víctimas de estos delitos; y, el apoyo en la investigación y judicialización.
También aborda estos dos fenómenos de manera separada y completa y en razón de sus propias características con un enfoque integral.
Observaciones
Durante la sesión plenaria No. 825 del 8 de diciembre de 2022, el proyecto recibió varias observaciones, por lo que fue remitido a la Comisión de Relaciones Internacionales para incorporar las modificaciones.
Según explicó Juan Fernando Flores, presidente de la mesa legislativa y ponente del informe, los cambios guardan concordancia con la Ley Orgánica de Movilidad Humana y Ley de Servicio Consular.
Entre las modificaciones destaca que la norma se aplica a los ecuatorianos dentro y fuera del territorio ecuatoriano, conforme al país de acogida y a las personas extranjeras en el territorio nacional.
Establece que la rectoría y desarrollo de la política pública estará a cargo del ente rector en materia de seguridad ciudadana y orden público, por ende, presidirá el Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección a sus Víctimas.
Implementa un sistema para el registro de casos, permite recopilar información necesaria para cumplir con las políticas de prevención, protección, asistencia e investigación; y, evaluar los programas y campañas implementadas para prevenir la trata de personas.
En los próximos días el Parlamento enviará al Ejecutivo el texto aprobado para la sanción u objeción respectiva. (I)
