QUITO, Pichincha
La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia ha encendido el debate en Ecuador. Se trata del primer marco legal que regula las operaciones de inteligencia en el país, impulsado por el gobierno de Daniel Noboa como una herramienta para enfrentar el auge del crimen organizado, la violencia y el narcotráfico.
El presidente ahora recibirá informes estratégicos periódicos sobre la seguridad nacional, según lo dispone la nueva ley. La norma crea el Sistema Nacional de Inteligencia, un cuerpo que operará con acceso a información confidencial y sin necesidad de autorización judicial para ciertas acciones, algo que ha encendido las alarmas en diversos sectores.
Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, defendió la ley asegurando que busca “romper los círculos de inseguridad” y que los únicos que deben temer son los grupos criminales.
Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. La legisladora Paola Cabezas, de Revolución Ciudadana, advirtió sobre el riesgo de entregar al Ejecutivo herramientas de vigilancia sin control judicial:
“Es muy grave lo que está pasando con esta ley y los instrumentos que tendría el Ejecutivo para manejar comunicaciones, interceptar llamadas telefónicas o acceder a información sin orden judicial”.
La ley también contempla la clasificación y resguardo de información confidencial, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a advertir sobre un posible retroceso en materia de libertades civiles y privacidad.
La discusión pública ahora se centra en los límites que debe tener la seguridad estatal frente a los derechos ciudadanos en un contexto de emergencia nacional. (I)
