QUITO, Pichincha
La Ley Reformatoria la Ley de Régimen Tributario Interno está en plena vigencia, una vez que fue promulgada en el Registro Oficial. Con ello, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales, así como las universidades y escuelas politécnicas contarán con los recursos para atender a sus comunidades.
La ley fue promulgada por la Asamblea Nacional una vez que la Corte Constitucional dictaminó la constitucionalidad de las reformas que fueron publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 486. Con ello tienen vigencia los beneficios para los gobiernos locales y las instituciones de educación superior.
La presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, a través de sus cuentas en redes sociales, recalcó que la Ley Reformatoria a la Ley Régimen Tributario Interno solucionará el retraso en la devolución del IVA y destacó el cumplimiento del Legislativo con todos los niveles de gobierno del Ecuador.
La Legislatura de manera oportuna defendió la constitucionalidad de la normativa legal y salvaguardó los derechos constitucionales de los GAD, universidades, a la seguridad jurídica, a la propiedad, buen vivir, además de su autonomía.
La ley corrige el retraso y la falta de pago (devolución) por parte del Gobierno Central del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el mismo que se cancela en la adquisición local e importación de bienes o servicios que efectúan los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), así como las universidades y politécnicas.
Dispone que cuando el agente de retención sean las entidades y organismos del sector público del Gobierno Central y descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas del país retendrán el 100% del IVA, los valores retenidos permanecerán en sus cuentas y no se depositará en la cuenta del SRI.
Para el efecto, deberán notificar en la declaración y anexos los valores retenidos para mantener el respectivo registro contable.
El SRI compensará las obligaciones tributarias pendientes de pago y notificará al Ministerio de Finanzas para que dé inicio a la asignación presupuestaria en un plazo máximo de 30 días. (I)
