QUITO, Pichincha
La Ley Orgánica destinada a fomentar la iniciativa privada en el sector energético entró en vigencia el 28 de octubre de 2024, tras ser publicada en el Registro Oficial. Este paso se dio menos de 24 horas después de su aprobación unánime por parte de la Asamblea Nacional.
Esta normativa representa el sexto proyecto económico urgente en los primeros 11 meses de gobierno del presidente Daniel Noboa, y tiene como objetivo promover la inversión privada en la generación de energía, en respuesta a la crisis energética que afecta al país.
El presidente Noboa envió el texto directamente al Registro Oficial sin presentar objeciones, lo que ha suscitado diversas opiniones entre expertos. Según Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación económica Análisis Semanal, la decisión del Ejecutivo de no objetar la ley es cuestionable, ya que incluye un artículo que podría dificultar el cumplimiento de sus objetivos.
Este artículo, según Burneo, prácticamente limita el uso de gas natural por parte de las empresas privadas, al hacer inviable económicamente la inversión en infraestructura como puertos y gasoductos, funciones que deberían estar a cargo de empresas comercializadoras, las cuales podrían verse excluidas de operar bajo la nueva legislación.
Entre las ocho disposiciones generales de la ley, se estipula que las entidades dedicadas a la generación térmica deben presentar planes de transición hacia tecnologías menos contaminantes, priorizando el uso de gas natural sobre combustibles fósiles. Además, se incentivará el desarrollo de proyectos híbridos que combinen generación térmica con energías renovables.
Esta ley permite que las personas jurídicas establecidas en el país importen gas natural únicamente para autoconsumo en procesos productivos y para la generación de electricidad, con el fin de sustituir otros hidrocarburos en sus actividades productivas.
Proyectos energéticos
Los proyectos energéticos en trámite que tienen un límite de 10 MW podrán solicitar una revisión de sus permisos para adaptarse a los nuevos criterios establecidos por el Ministerio de Energía. Los proyectos que están operando bajo este límite también tendrán la opción de ajustar su capacidad, siempre que se garantice su viabilidad técnica.
Se ordena a los Gobiernos Autónomos Descentralizados implementar sistemas de gestión de residuos que incluyan el procesamiento de basura para la generación de energía, la cual podrá ser vendida al Sistema Nacional Interconectado, conforme a la legislación vigente.
Por último, las Empresas Eléctricas Distribuidoras deberán llevar a cabo un plan progresivo de renovación del alumbrado público, reemplazando luminarias convencionales por tecnología LED y sistemas solares, en línea con las directrices emitidas por el Ministerio de Energía.
Con esta legislación, Ecuador busca no solo modernizar su infraestructura energética, sino también asegurar un futuro sostenible y menos dependiente de combustibles contaminantes, abriendo así una nueva era para la inversión en energías renovables.
¿Cómo garantizará el gobierno que la nueva ley para la inversión energética no solo promueva la inversión privada, sino que también respete y priorice la sostenibilidad ambiental, especialmente en un contexto donde la infraestructura energética actual presenta desafíos significativos? (I)
