Por Antonio Molina
Habíamos decidido dejar de escribir comentarios políticos mientras nos entregábamos a concluir el esfuerzo editorial de un nuevo libro –“La Republiqueta de papel”–, pero los hechos que se vienen dando últimamente nos confirmar los temores ciertos, expresados en esa publicación, como que estamos en el punto más alto de la ebullición social que amenaza a este país pluricultural, a la sociedad ecuatoriana en todos sus estratos, al Estado mismo que constitucionalmente se declara unitario e impone que su soberanía radica en el pueblo a través de sus órganos que representan la institucionalidad democrática.
Así lo señala la teoría del Estado de Derecho, en plena vigencia en el país, más allá de las dubitaciones y temores de quienes lo administran y gobiernan por mandato soberano expresado en las urnas.
La práctica, en cambio, es diferente, porque ese Estado plenamente establecido bajo una Constitución que aprobó el pueblo soberano en Referéndum, en el 2008, hoy está abiertamente amenazado por una minoría indígena –que apenas es el 7% de una población mestiza de más de 17 millones de habitantes- que pretende imponer a la fuerza “otro” Estado sobre el Estado de Derecho vigente que se rige por lo que mandan esa Constitución y las leyes, que garantizan los órganos de la institucionalidad republicana.
Si bien la Constitución garantiza el Derecho a la resistencia de los grupos sociales que se consideren relegados, esa misma Carta Fundamental del Estado ecuatoriano garantiza la libertad al trabajo, el derecho a la vida, derecho a la salud y a la educación, la libre movilidad dentro del territorio nacional.
En la legislación ecuatoriana no consta el derecho a la violencia, a caotizar calles y plazas, a atemorizar a los ciudadanos, amenazándolos con destruirles tiendas y negocios sino pliegan al paro.
La CONAIE y demás organizaciones de indígenas, que representan a ese 7% de la población nacional, NO están exigiendo derechos como entidades sociales o gremiales, están fomentando e induciendo –a la fuerza- a la subversión y la subversión es un delito. Ellas mismas se han puesto fuera de la ley convirtiendo en un Estado de facto para derrocar al Estado de Derecho y administrarlo bajo el prisma de un indigenado mariateguista, tal como lo postula abiertamente Leonidas Iza en su libro ESTALLIDO, donde justifica que el temor que se imponga en la sociedad ya es un estado de gobierno que garantiza la captación total del Estado burgués.
No nos hagamos los tontos: Iza y la CONAIE están buscando un muerto para enarbolar la violencia revanchista y profundizar la caotización del país. Si la fuerza pública ha actuado con prudencia y hasta se ha retirado de algunos escenarios, lo ha hecho bien, pero con los testimonios recabados tendrá la obligación de judicializar a los anarquista identificados, filmados y fotografiados, para que la función judicial haga lo que las leyes le ordenan, porque el Estado de Derecho amenazado no puede caer en la alcahuetería política de quienes se ofrecen como mediadores entre indígenas y gobierno porque, de entrada, exigirán que para iniciar cualquier diálogo se ponga en libertad a los violentos.
Tenemos que entender –el presidente Guillermo Lasso y el pueblo- que NO existen demandas sociales en la reclamación indígena, que el propósito de la paralización indefinida ni siquiera es echarlo del poder sino arrasar con el Estado de Derecho e ir a una nueva aventura socialista.
Debemos preocuparnos en descubrir quienes financian las movilizaciones indígenas y de entre ellos quienes se lucran de la rapacidad impuesta en campos y ciudades, porque cobraban por todo a la población que dicen defender para finalmente echarles la culpa a infiltrados que ellos conocen muy bien.
Bien vale recordarle a Iza y su gavilla lo que dijo León Febres Cordero Rivadeneira: “Si los indígenas quieren el poder, que escojan sus candidatos y compitan por la Presidencia de la República”. (O)
