QUITO, Pichincha
“Ningún límite fue considerado (en los contratos colectivos). Se sobrepasaron los límites del mandato constituyente y decretos presidenciales y por ello deben ser observados por el Contralor”, aseguró Ivonne Núñez, ministra de Trabajo.
“Toda contratación colectiva tiene límites en el sector público”, recordó Núñez hoy miércoles en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.
Ivonne Núñez recalcó que la revisión de los contratos colectivos en Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Petroecuador avanzará en la Contraloría General del Estado.
Intervención de la Contraloría
“He solicitado al Contralor, por la norma jurídica y por sus competencias y facultades, que emita responsabilidades administrativas y culposas. Y de encontrar indicios de responsabilidad penal tendrán que sean declarados como tal”, sentenció la ministra.
También, la titular del Ministerio de Trabajo recordó que se puede acudir a la Corte Constitucional, donde ya se seleccionó el caso de CNT y determinó que el contrato colectivo reviste de gravedad y hay una desnaturalización de la acción de protección.
Ante ello, aseguró que no se han respetado los límites establecidos en la Constitución y tampoco los decretos presidenciales según el análisis realizado a estos procesos por la Cartera de Estado.
El caso de CNT
Además, Ivonne Núñez detalló que en el caso de CNT se tuvo que desembolsar inicialmente 100 millones de dólares por el caso de la acción de protección. Posterior a ello 40 millones de dólares más por este famoso traslado de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) al Código de Trabajo.
“Si la Corte Constitucional deja sin efecto la sentencia tendrán que regresar a la LOSEP y ya no tendrán que seguir pagando todo lo que implica los beneficios de la contratación colectiva, que exclusivamente protege a los obreros. Estamos hablando de un ahorro extremadamente significativo”, puntualizó la ministra de Trabajo.
De igual forma, Núñez señaló que en el caso de CNEL se realizaron ciertos desembolsos y actualmente está en las manos de la Corte Constitucional para su revisión.
Finalmente, sobre la derogación del contrato laboral emergente, la funcionaria recordó que presentaron el proyecto porque el 20 de julio se cumple el año del veto total. Y recalcó que esta modalidad carece de estabilidad por lo que entra en la categoría de precariedad. (I)
